Claves del proceso de lawfare contra la vicepresidenta argentina

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La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, solicitó este lunes ampliar su declaración indagatoria en la audiencia prevista para la jornada del martes, tras conocerse que el fiscal federal, Diego Luciani, solicita una condena de 12 años de prisión y su inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Asimismo, el también fiscal Sergio Mola realizó en su alegato serias acusaciones contra la exmandataria de la nación suramericana (2007-2015), como parte de un proceso carente de objetividad.

La exmandataria ha alegado que se enfrenta a un largo proceso de persecución judicial, iniciado hace poco más de tres años, y en el que durante esta jornada fueron presentadas nuevas acusaciones que no estaban incluidas inicialmente en el proceso.

Poco antes de concluir la audiencia, en la que Cristina Fernández no estuvo presente, por medio de su cuenta en la red social de Twitter solicitó más espacio para emitir sus declaraciones y denunció la violación del principio de defensa en el juicio por parte de la fiscalía, ante la ausencia de pruebas y testigos.

Orígenes de las acusaciones por la Causa Vialidad

En el mes de mayo de 2019 inició un proceso judicial contra Cristina Fernández y otras 12 personas, acusados de formar parte de una supuesta asociación ilícita, que desviaba fondos gubernamentales para la ejecución de obras viales en la provincia de Santa Cruz.

Concretamente, la fiscalía se centra en la supuesta reorientación de al menos 51 obras públicas al empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz, durante la etapa en que Fernández estuvo al frente del Ejecutivo (2007-2015).

Durante la etapa de instrucción, a cargo del juez federal Julián Ercolini, se determinó que cerca del 85 por ciento de los contratos viales de la provincia habían sido adjudicados a Báez.

De ahí que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 2 (TOF 2) acuse a la exmandataria de los presuntos delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta de fondos públicos. 

Presuntas pruebas manejadas en contra de la vicepresidenta

El fiscal Diego Luciani ha reiterado a lo largo del proceso contra la exjefa del Gobierno argentino una serie de imputaciones que han sido expuestas y rebatidas desde 2019.

Los alegatos de Luciani se fundamentan en que las empresas de Báez obtuvieron ganancias de licitaciones, sin embargo, los testigos no han cuestionando nada en las audiencias sostenidas a lo largo de estos poco más de tres años. La lógica indica que Báez ganó mayores licitaciones al hacer ofertas bajas, pues no debía transportar maquinarias ni personas, pues su empresa tenía carácter regional.

La ejecución de pagos anticipados a los que se le aplican intereses para sacar créditos en el Banco Nación, mediante garantías de certificados de obras, y la muestra de evidencia fotográfica de barrios no pavimentados supuestamente durante el periodo de Gobierno de Cristina Fernández, son otros argumentos de la fiscalía para inculparla.

Asimismo, la fiscalía expuso la firmas de convenios por parte del Ejecutivo, firmados entre las provincias de Buenos Aires y Santa Cruz para realizar obras públicas, que en realidad fueron rubricados durante el periodo presidencial de Carlos Menem (1989-1999), cuando Néstor Kirchner era gobernador de Santa Cruz (1991-2003).

La relación de los jueces más allá de lo laboral

La pasada semana, se hicieron públicas fotografías en las que aparecen el fiscal Diego Luciani y el presidente del Tribunal, Rodrigo Jiménez Uriburu, en la quinta Los Abrojos, propiedad del expresidente del país, Mauricio Macri, jugando un partido de fútbol como parte del mismo equipo: Liverpool.

Las imágenes son evidencias de la relación más allá de lo profesional que existe entre ambas figuras, y a la vez de estas con Macri (2015-2019), principal impulsor de la Causa Vialidad.

Aunque los implicados niegan cualquier relación entre ellos, y aseguran no ser allegados de Macri, se conoce que el exmandatario organiza un torneo de fútbol para mayores de 42 años, al que sólo se asiste por invitación personal.

En este sentido, cabe recordar que Macri no sólo impulsó las acusaciones contra Fernández, sino que instruyó a organismos estatales para presentar querellas y se pronunció públicamente a favor del proceso contra ella.

Por qué el proceso contra Cristina Fernández es un lawfare

La persecución judicial de la que es víctima Cristina Fernández desde 2019 es un ejemplo fehaciente de lawfare o guerra jurídica, impulsada por sectores del Poder Judicial, económico, la oposición política y los medios de comunicación.

La fiscalía orquesta una trama de corrupción, y para ello se ha valido de mecanismos como la estrategia de relacionar el caso con otros, como el de los hoteles Hotesur-Los Sauces, para que Cristina Fernández quede como una figura central en diversos asuntos de corrupción, que en realidad no se relacionan.

Sin embargo, la causa de los hoteles recibió sentencia en noviembre de 2021, y concluyó que no existía delito de lavado de dinero, por el que fueron acusados los supuestos implicados, entre ellos la vicepresidenta.

Por otro lado, se trata de demostrar la relación entre Fernández y la causa de los cuadernos de la corrupción, una supuesta trama de sobornos a cambio de contratos públicos que presuntamente inició durante el mandato de Néstor Kirchner (2003-2007) y continuó en el de Fernández.

Hasta el momento, el expediente se basa en declaraciones de empresarios de obras públicas arrepentidos porque no querían quedar presos y las anotaciones del exchofer de Planificación Óscar Centeno, que declaró haberlos quemado pero luego figuraron en poder de un periodista, previo a los comicios presidenciales de 2019.

Para construir una realidad ficticia sobre el caso se prestan medios de comunicación, que a través de insinuaciones, por medio del periodismo de opinión, intentan persuadir a sus públicos de la culpabilidad de la vicepresidenta.

De esta manera, Cristina Fernández se enfrenta a la etapa final de un proceso judicial en su contra, que ha recibido además la condena de su pueblo, de entes, organismos, autoridades y gobiernos internacionales, por tratarse de un proceso carente de transparencia, y empañado por los vestigios del macrismo.

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