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Cinco becas para maestrarías fueron otorgadas a empleados de la Oficina Administradora de Bienes Incautadas (OABI) con el visto bueno del entonces director, según se puede constatar en un informe de auditoría realizado por las actuales autoridades, donde se devela el festín que hubo con los recursos incautados a narcotraficantes.
Según el informe que realizaron los actuales administradores de dicha oficina en la ejecución presupuestaria se puede constatar el pago de casi un millon de lempiras destinados a cancelar la maestría de servidores de la OABI. La transacción que se realizó tuvo el visto bueno del entonces director, Francisco Flores.
La anomalía se constata en el hecho que ese desembloso no cuenta con regulación de becas, ni capacitación para controlar o generar requisitos de aplicación o condicionantes antes y después de los estudios. Lo usual es que este tipo de asignaciones, tengan un respaldo legal y que los becarios se compromentan a realizar determinadas contraprestaciones por el otorgamiento de la beca.
INFORME ACTUAL
En el informe de auditoría se desglosa que para el año 2021 se verificó la ejecución presupuestaria en la que se encontró en la cuenta contable número 24-500 servicios de capacitación, en la que figura la erogación de por el orden de L756,884.35, la cual corresponde al pago de cinco maestrías a servidores de la OABI.
Los beneficios con las becas fueron para la jefe de la región nor occidental de la OABI, Diosara Mitchael Torres para que ella cursara una maestría en Derecho de Negocios, que fue realizada en febrero a julio del 2021, por L207,703.07, en la Universite de Managenet de Suisse Sociedad Anónima.
De igual manera, le otorgaron la misma beca a la coordinadora de la Sección de Arrendamientos de Bienes Incautados y Decomisados (SABID), Nancy Dorina Hernández, a quien le pagaron la maestría de Derecho de Negocios en la Universite de Managenet de Suisse SA por el orden de L205,384.03, cursada desde febrero a abril del 2021.
Otra de las beneficiadas fue la asistente de secretaría general de la OABI, María de los Ángeles Díaz, le dieron una beca para una maestría en Derecho tributario en Unitec en julio del 2021, que costó L141,627.00.
También, a la asistente de Dirección Ejecutiva, Glenda Guisselle Méndez Euceda, le pagaron una maestría en Administración de Proyectos en Unitec, en abril del 2021, que costó L159,295.
Y, finalmente, el jefe interino de la Unidad Jurídica, Gabriel Tróchez, recibió una beca con fondos de la OABI para una maestría en Derecho Tributario, en Unitec, en marzo del 2021 por un monto de L42,875.25.
La auditoría revela que en los casos de Diosara Torres, Nancy Hernández y María de los Ángeles Díaz solamente solicitaron aprobación para cursar sus maestrías, pero en ningún documento se establece que la OABI se hará cargo de pagar dichas maestrías; sin embargo, mediante memorándum entre Hugo Zacapa y Jaime Arias con la supuesta firma de visto bueno del director Francisco Flores se procedió a realizar pagos de las maestrías de los beneficiarios.
Glenda Méndez y Gabriel Trochez presentaron la solicitud de apoyo económico y la aprobación para cursar las maestrías respectivas a director Francisco Flores quien firmó con visto bueno para otorgarles el beneficio que estaban solicitando.
FALTA DE COORDINACIONES
En la investigación realizada a lo interno de la organización se puede constatar la falta de control interno y de coordinación entre las autoridades y la secretaría general.
La auditoría a profundidad revela que el procedimiento interno, la secretaría general es la encargada de admitir mediante auto las solicitudes, diligencias y actuaciones presentadas ante la OABI, las cuales por su naturaleza son asignadas a la unidad operativa correspondiente para que esta elabore informe pertinente y posteriormente, se emita la respectiva resolución ejecutiva elaborada por la unidad jurídica en la que se resuelve a favor o en contra lo solicitado.
Pero, a lo interno de la OABI no existe una política jurídica y procedimental para resolver ese tipo de solicitudes, lo cual lleva a una situación en la que prevalen criterios discrecionales y, en algunos casos, arbitrarios, en detrimento del buen funcionamiento de la oficina.
De igual forma, la auditoría dio a conocer a las autoridades actuales que se desconoce el total de las cargas laborales y administrativas incoadas en contra de la OABI, ya que las mismas no son recabadas por dichas unidades en la oficina central, tampoco se maneja cifras o datos sobre la cuantía a la que ascienden las demandas.
Otro de los pormenores que se plasmó en el informe es la identificación de una alta mora en la unidad jurídica, debido a la acumulación de diferentes casos y/o diligencias ingresadas a la OABI, sin respuesta que datan de daños anteriores, falta de seguimiento por parte de la Secretaría General y control a las solicitudes remitidas a las unidades operativas o a la Unidad Jurídica, falta de celeridad en la resolución de las solicitudes y archivo de los procesos sin motivo alguno.
COMPRA MILLONARIA DE SOFTWARE
Entre otras irregularidades que contiene el informe, figura el pago de más de 21 millones de lempiras a la empresa I Technology por tres contratos para proveer softwares para administrar las empresas Cuasa, Grupo Márquez y Marinos Seafood.
La dirección ejecutiva de la OABI -entre finales del año 2020 y hasta julio del 2021- suscribió tres contratos por el proveedor I Technology por la adquisición de un software SIPAA y SIPLAF, a fin de administrar las empresas Cuasa, Grupo Márquez y Marinos Seafood, a un costo de $902,851.20, equivalentes a L21,795,281.45.
Hasta el día de hoy, esos sofwares están en desarrollo, aunque ya fueron pagados en su totalidad. La fecha estiputada para entregar esos sistemas ya venció, pero el informe de la auditoría establece que todavía están en proceso de desarrollo e implementación. Hay dos módulos pendientes en el caso de la empresa Cuasa.
También se encontraron deficiencias en las bases de datos del Sistema Informático de Administración de Bienes Incautados (SISBIENES), se comprobó que se paga una licencia de Oracle al proveedor DATUM por un monto de $46,350.22 equivalentes a L1,120,631.60 aproximado por año, desde la fecha de implementación no se ha realizado ningún desarrollo o mejora al sistema.
La institución muestra debilidades de seguridad en los tres sitios web OABI, el sitio web actual es una plantilla gratuita, lo cual implica riesgo ya que si cambia la versión y el sitio no se actualiza oportunamente, la presentación del sitio se pierde, el nivel de seguridad es deficiente, actualmente se encuentra bajo ataque constante porque tiene muchas vulnerabilidades.
