Cinco diputados serían suspendidos de su cargo por caso “Arca Abierta”

Tegucigalpa, Honduras

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Mañana viernes, a las 10:00 de la mañana, se conocerá la resolución de la audiencia inicial por parte del juez de Letras Natural, Reinaldo Hernández, en el caso denominado “Arca Abierta”, que involucra a 20 personas acusadas de ser autoras y cómplices por el delito de malversación de caudales públicos.

Durante la etapa de conclusiones de la kilométrica audiencia, los fiscales de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), del Ministerio Público (MP), ayer solicitaron al juez que se les dicte un auto de formal procesamiento a todos los 20 encausados.

Asimismo, dentro de las peticiones por parte de la fiscal, Tanía Pavón, destaca la suspensión de sus cargos a los diputados Juan Carlos Valenzuela, Gladis Aurora López, Gustavo Alberto Pérez, Welsy Milena Vásquez y Milton Jesús Puerto, por considerar que pueden influir en la aprobación de alguna ley que les beneficie para eludir la justicia, tal como pasó con la reforma introducida a través de las disposiciones generales del presupuesto del 2018.

Fianza

El portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Carlos Silva, explicó que la petición del MP se basa en que los parlamentarios incurrieron en supuestos delitos en contra de la administración pública.

La medida también sugiere el pago de una fianza proporcional por el monto de 21 millones de lempiras, la presentación a los juzgados para firmar el libro de control y la prohibición de salir del país.

No obstante, el ente acusador pide auto de formal procesamiento con prisión preventiva para Gregorio Alberto González Rivera, administrador de la ONG Planeta Verde; y para Geovanny Castellanos Deras, presidente de la junta directiva de la ONG BITAL.

Durante la presentación de las conclusiones, el ente fiscal precisó que señala a los señores Juan Carlos Valenzuela Molina, Gladis Aurora López Calderón, Gustavo Alberto Pérez Cruz, Welsy Milena Vásquez López y Milton Jesús Puerto Oseguera, como autores del delito de malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración pública.

También se acusa de ser autores del delito en mención a los exdiputados Carlos Humberto Bonilla Aguiriano, Audelia Rodríguez Rodríguez, Hernán Enrique Vindel Mourra, Fabricio Puerto Oseguera, Óscar Arturo Álvarez Guerrero y Gregorio Alberto González Rivera.

Mientras tanto, a título de cómplices del delito de malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración pública, señaló a la señora Estela Lisseth Muñoz Hernández, Arnold Gustavo Castro Hernández, Ana Lucía Castro López, Yajaira Lisbeth Talbbott Villatoro, José Alejandro Flores Zúniga, Indira Virginia Osorio Reyes, Iveth Salomé Navas Suazo, Geovanny Castellanos Deras y Allan Arony San Martín Vallejo.

Por este caso, la UFECIC presentó el 11 de diciembre del 2018 un requerimiento fiscal contra los antes mencionados, que involucra a cinco actuales diputados, seis exdiputados, uno fallecido y otros particulares por el delito en mención.

La investigación establece que los 21 acusados malversaron fondos del Estado al depositarse 21.1 millones de lempiras (879 mil dólares) en una cuenta bancaria a nombre de la organización “Asociación Planeta Verde”, misma que el banco canceló por presentar operaciones sospechosas.

El dinero depositado a favor de la ONG Planeta Verde procedía de Casa Presidencial (2 millones de lempiras), del Congreso Nacional (3 millones de lempiras) y de la Secretaría de Finanzas (16.1 millones de lempiras). Las pruebas presentadas durante la evacuación demuestran que los fondos se trasladaron a las cuentas personales de diputados propietarios y suplentes, al igual que a sus familiares y terceras personas.

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