Casos de corrupción en Venezuela será investigados por magistrados perseguidos por dictadura

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El secretario general de la OEA, Luis Almagro, anunció que los magistrados “perseguidos” por el presidente Nicolás Maduro investigarán casos de corrupción de ese gobierno en coordinación con la ex fiscal de Venezuela, Luisa Ortega.

“Magistrados coordinarán con la Fiscal @lortegadiaz investigación de casos corrupción del régimen de #Venezuela”, tuiteó el titular de la Organización de Estados Americanos, tras reunirse con nueve de ellos en Washington.

Estos juristas hacen parte de un grupo de magistrados designados por el Parlamento venezolano de mayoría opositora para integrar el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a quienes Maduro prometió encarcelar y huyeron a varios países, entre ellos Estados Unidos.

“Nos vamos a acercar a la fiscal (destituida) para tratar junto con ella todas esas pruebas que dice tener y preparar las respectivas denuncias a presentar en los organismos internacionales contra cada funcionario y contra el Estado (…) si es el caso”, dijo el magistrado Pedro Troconis, luego de la cita con Almagro.

La ex fiscal, una ex figura del chavismo quien rompió con el gobierno de Maduro a finales de marzo, aseguró el miércoles que dispone de “muchas pruebas” que involucran a Maduro y sus principales aliados en millonarios casos de corrupción.

Al igual que la fiscal, vamos a luchar porque en Venezuela se reestablezca el hilo constitucional.

Troconis dijo que los magistrados aún no han conversado con Ortega, destituida por la Asamblea Constituyente instalada por Maduro y quien huyó de Venezuela denunciando una “persecución política”.

“Al igual que la fiscal, vamos a luchar porque en Venezuela se reestablezca el hilo constitucional”, aseveró por su parte a periodistas el magistrado Antonio Marval.

Los juristas expresaron su “contundente” rechazo a la Constituyente que actúa en Venezuela desde el 4 de agosto con poderes absolutos, aseverando que “no va a resolver los problemas del país”, como afirma Maduro.

En una declaración, anunciaron que desde el exilio lucharán contra la corrupción y trabajarán con la justicia internacional “para detener los actos hostiles que amenazan el ejercicio democrático del poder del Estado”.

El 21 de julio, el Parlamento venezolano juramentó a 33 magistrados de un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) paralelo, alegando que los jueces de esa corte fueron designados ilegalmente por la anterior mayoría chavista y están al servicio del gobierno de Maduro.

Uno de los magistrados, Ángel Zerpa, fue detenido por los servicios de inteligencia. Los otros están en la clandestinidad, refugiados en diferentes embajadas en Caracas, o en países como Panamá, Chile o Colombia. Diez se encuentran en Estados Unidos.

“Somos magistrados perseguidos”, dijo Miguel Ángel Martín, otro de los juristas presentes. Infobae

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