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Tegucigalpa, Honduras.
Luego que la Fiscalía Especial de Protección al Consumidor y Tercera Edad de Tegucigalpa ejercitará las primeras acciones penales tras haber realizado investigaciones en el denominado caso “Ciudad del Ángel”, efectivos de la Policía Militar coordinados por fiscales del Ministerio Público detuvieron hoy al señor José Santos Arias Chicas gerente general de Bienes Raíces Arias.
Arias Chicas quien es hondureño, fue acusado junto a Luis Pedro Toriello y Enrique Eduardo Toriello Barberena ambos guatemaltecos por suponerlos responsables a título de autor del delito de otros fraudes continuados, así mismo se presentó acción penal contra Lester Albany Sandoval Palma y Yeny Carolina García Izaguirre por suponerlos responsables a título de cómplices necesarios en el mismo delito. Sandoval Palma es de origen guatemalteco, mientras que García Izaguirre es ingeniera civil y hondureña.
El delito de otros fraudes continuados es en perjuicio de varios ofendidos, quienes residían en el proyecto habitacional “Ciudad del Ángel” situado en la capital de la República, las viviendas de dicho proyecto sufrieron daños irreparables tras haberse dado una serie eventos supuestamente relacionados con fallas geológicas que afectan el sitio de la edificación y tras haberse obviado una serie de requerimientos técnicos fundamentalmente necesarios para la correcta construcción y permanencia de los inmuebles.
Las argumentaciones del Ministerio Público en el Requerimiento Fiscal establecen entre otros razonamientos, que de haberse respetado La Ley y las normas técnicas de construcción vigentes se pudo haber evitado los perjuicios ocasionados a las personas que compraron sus viviendas a los desarrolladores de la residencial sobre todo que, de las averiguaciones efectuadas, se establece que los desarrolladores tenían conocimiento de las múltiples condiciones desfavorables para el desarrollo del proyecto.
El Ministerio Público continúa con diligencias para la ubicación de los otros procesados quienes además tienen alerta migratoria, así mismo no descarta más acciones penales como resultado de las constantes acciones que aún se realizan en sede administrativa para deducir responsabilidad penal a otras personas.