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Un grupo de expertos en Asociaciones Público Privadas (APP) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de la Secretaría de Finanzas (Sefin) y con apoyo de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno (SCGG), serán los manejadores de algunos megaproyectos que se desarrollan en el país.Lo anterior, debido a la mala administración que ha sufrido la Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada (Coalianza), que funciona desde 2011.
Este nuevo modelo de adjudicación de proyectos de APP se puede hacer, pero bajo la Ley de las Alianzas Público Privadas (APP).En las nuevas adjudicaciones se debe cumplir con todas las buenas prácticas nacionales e internacionales y, sobre todo, con transparencia absoluta.Se conoció que el BID va a financiar la estructuración y estudios de los primeros cuatro proyectos de APP identificados para adjudicarlos.La decisión se tomó con apoyo del BID y un equipo especializado de auditores contratados en Washington, quienes hicieron un diagnóstico de Coalianza.Además.
se está trabajando en un decreto ejecutivo para desarrollar este proceso, el cual se espera que esté listo la próxima semana.Según reveló diario El Heraldo, las medidas a tomar ya fueron anunciadas al presidente de la República, Juan Orlando Hernández, quien avaló la propuesta.
Entre los primeros proyectos que pasarán a manos del BID, es el nuevo operador de tres aeropuertos internacionales de Honduras: el Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula; Juan Manuel Gálvez de Roatán, Islas de la Bahía y Golosón de La Ceiba, Atlántida.Asimismo, el operador de rayos X, para Puerto Cortés, cuyo monto de inversión ronda los 56 millones de dólares y permitirá agilizar la carga y mejorar la seguridad en el puerto.El tercer proyecto es contratar un operador para Puerto Castilla, en Trujillo, Colón, a un monto de 400 millones de dólares, a un plazo de 30 años.
Coalianza manejaba para estos estos tres proyectos un monto de 560 millones de dólares (13,700 millones de lempiras).El cuarto proyecto que se adjudicará mediante los nuevos procesos de licitación de APP, es la ampliación de una nueva línea de transmisión para el país, del cual, hasta el momento, se desconoce la inversión y duración.Los antes mencionados, deberán estar adjudicados en el transcurso del año 2020.Cabe señalar que, según expertos, Coaliza se mantendrá como un espectador de los procesos que desarrollará el BID con otras instituciones del Estado.
Las funciones de Coalianza serán darle seguimiento a los proyectos ya adjudicados, como al Aeropuerto Internacional de Palmerola, a los puertos, al Centro Cívico Gubernamental (CCG) y a los fideicomisos de las APP.A pesar de su deficiencia operacional, para que desaparezca debe reformarse la ley y crear una nueva institución o fortalecerla con otra perspectiva.De momento la vida de Coalianza es incierta debido a que depende de los desembolsos que pueda recibir de Sefin.
En ese sentido, el Gobierno no ha establecido qué pasará con la institución en enero de 2020.DenunciasEntre las principales fallas de Coalianza, que inició en 2011, están que no ha medido los riesgos fiscales, financieros y los riesgos de construcción.Además existen demasiadas quejas por la falta de transparencia en los procesos de
estructuración.Coalianza es considerada una de las instituciones con mayor opacidad de la actual administración pública.Decretó la secretividad para al menos ocho tipos de información relacionados con la concesión de contratos y a pesar de que el IAIP decretó la nulidad de esa decisión, se han negado a dar informes a instituciones como el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).
Esa opacidad ha llevado a organismos de la sociedad civil a plantear, incluso, la desaparición o sustitución de este ente, por otro modelo que garantice la transparencia de nuevas inversiones.Asimismo, en septiembre del 2014 la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), pidió una puntual investigación a varios proyectos de infraestructura gestionados por la modalidad de Alianza Público-Privada (APP). Lo anterior ha sido por detectar “irregularidades, opacidad y negligencia” de las instituciones del Estado que concesionan los proyectos a esta imagen altamente cuestionada.
De acuerdo al informe “Análisis de la Estructuración, Contratación y Ejecución del Contrato de Concesión del Corredor Turístico de Honduras”, entre el sector de infraestructura y Coalianza, se registra una serie de denuncias en torno a la falta de transparencia y rendición de cuentas.Entre otras deficiencias de esta alianza, existe obstrucción al acceso a la información pública y la supuesta comisión de actos ilícitos en la estructuración, contratación y ejecución del contrato de las concesiones y contratos que adjudica.
El informe de ASJ apunta que hay “opacidad y negligencia del Estado” en estructuración, contratación y ejecución de las concesiones otorgadas a la construcción del “Corredor Turístico”, que abarca de El Progreso a Tela y tramos de San Pedro Sula a El Progreso y La Barca a El Progreso.Según la organización social, lo anterior “ha puesto al desnudo la falta de transparencia e irresponsabilidad de las instituciones encargadas -de acuerdo a su mandato- de gestionar este tipo de contratos de Coalianza”.