Auditor de CNA señala que con la elección de Fiscal General se juega el índice de impunidad en Honduras

El auditor social del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Cristian Nolasco, advirtió que en Honduras se debe elegir a las personas idóneas por meritocracia y no por política para ocupar los cargos de Fiscal General y Fiscal Adjunto, porque de esa manera se logrará mejorar la justicia, del país .

El abogado Nolasco, advirtió un punto importante en la selección y elección de las autoridades del Ministerio Público (MP), importante y es que a diferencia del proceso de elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para este proceso en particular no se cuenta con una ley especial y la única referencia es la Constitución establece parámetros generales y la ley del MP.

Ante lo anterior es muy importante la función de la Junta Proponente que deberá elaborar un reglamento que desarrolle el procedimiento que se apegue a criterios de legalidad y transparencia, y la sociedad civil tiene la tarea de vigilar que el proceso se desarrolló bajo parámetros legales y transparentes.

De igual forma, el auditor social del CNA, en entrevista con Proceso Digital, planteó que ante la falta de una ley especial que regule el proceso “nos queda apegarnos a criterios internacionales y a procesos que en efecto promuevan la legalidad y buenas prácticas internacionales para que la población hondureña tenga confianza y haya credibilidad”.

¿Qué se juega Honduras con elección de máximas autoridades del MP?, consultó Proceso a Nolasco; quien respondió que “en caso de que no se seleccione a los mejores perfiles, (Honduras) se va a seguir estancado en la impunidad, y eso es uno de los aspectos que más afecta a nuestro país”.

Se seguirá sin defender los intereses de la población hondureña van a seguir al alza los índices de delincuencia organizada, de criminalidad, una violación sistemática de Derechos Humanos, violencia a los derechos de las mujeres, entre otras situaciones, adicionó.

Seguidamente remarcó que si por el contrario, se elige a una persona que atienda el rol constitucional de defender los intereses de la población hondureña, la consecuencia va a ser credibilidad por parte del ciudadano y la ciudadana común sobre su sistema de Justicia penal y sobre todo el fortalecimiento institucional.

“Eso significa que vamos a tener un ministerio público que va a desplegar a todo su equipo en el marco de la investigación criminal, que va a llegar a las personas que cometen delito ante la justicia y que finalmente va a haber un órgano jurisdiccional, que va a imponer una sanción y el resultado va a ser la confianza en el sistema y sobre todo impartición de justicia”, subrayó.

En cuanto a los perfiles de las personas que deben postularse, Nolasco, dijo que los profesionales del derecho que cumplan con los requisitos establecidos en ley y de reconocida trayectoria profesional y con un desempeño ético en sus funciones pueden autopostularse.

Dejó claro que entre los que no pueden postularse porque ya existe una disposición legal que lo impide están los actuales diputados.

Lo anterior en referencia a que en la palestra pública ya se mencionan nombres de parlamentarios que podrían llegar a ocupar los altos cargos del MP, debido a acuerdos políticos previos.

En referencia al tema que también se ha hecho público sobre un posible acuerdo político para elegir la figura de un segundo fiscal adjunto, el abogado Nolasco, dijo que de manera expresa la Constitución ya establece la figura del Fiscal General y el Fiscal Adjunto.

Si se quisiera hacer dicha elección se requiere de una reforma constitucional “de otra forma esto no es posible”, indicó.

Admitió que esa información podría convertirse en una realidad porque “nuestro Congreso Nacional lastimosamente nos ha demostrado que muchas veces sí incumplen los preceptos constitucionales”.

A renglón seguido dijo “pero para ser muy claro, esto no es una posibilidad porque requiere de una reforma que además debe ratificarse en la siguiente legislatura, como el Fiscal General actual vaca en su puesto el 1 de septiembre del año 2023; esta no es una posibilidad; si se hace así estamos hablando entonces del rompimiento del orden constitucional, y el propio Congreso quien tiene dentro de sus atribuciones hacer respetar la Constitución estaría incumpliendo esa disposición”, concluyó.