ASJ exhorta a la Sala Constitucional de CSJ a resolver recurso contra decretos que limitan ejercicio de acción penal del MP

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La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) exhortó a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a resolver los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra las limitaciones en el ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público (MP).

En un comunicado presentado ante los medios de comunicación esta mañana, el capítulo de Transparencia Internacional en Honduras pidió a la Sala de lo Constitucional dar “cumplimiento a los plazos legales con una resolución pronta y expedita”, de al menos dos acciones de inconstitucionalidad presentadas contra los decretos 116-2019 y 117-2019 aprobados por el Poder Legislativo.

Dichos decretos constituyen reformas a leyes secundarias aprobadas por el CN que restringen el ejercicio de la acción penal pública del MP, por lo que el año recién pasado fueron presentadas distintas acciones de inconstitucionalidad, las cuales aún no reciben una resolución de la Sala de lo Constitucional de la CSJ.

Una de estas acciones de inconstitucionalidad fue presentada por el Ministerio Público por vía de acción de forma total y por razón de forma y contenido contra el Decreto Legislativo No. 116-2019, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” No. 35,076, contentivo de la Ley Especial para la Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y Rendición de Cuentas de Fondos Públicos para proyectos de orden Social, Comunitarios, Infraestructura y Programas Sociales.

Otra de las acciones de inconstitucionalidad fue interpuesta por Luis Rolando Redondo Guifarro, David Armando Reyes Osorto, Doris Alejandrina Gutierrez y Tomás Antonio Ramírez Hernández en su calidad de diputados, por vía de acción por razón de contenido y de manera total contra el Decreto Legislativo No. 117-2019, aprobado en fecha 16 de octubre de 2019, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” No. 35,076, de fecha 18 de octubre de 2019, el cual reforma por adición del artículo 10-A de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, contenida en el Decreto No. 363-2013 de fecha 20 de enero 2014.

En el comunicado, la ASJ demanda “una resolución pronta y expedita a todos los casos sometidos a la justicia constitucional”, de manera que “el órgano encargado del ejercicio de la acción penal pública delimite el camino que debe seguir la investigación criminal como política pública en el país, ante la demanda social de investigación de casos pendientes y su posible judicialización en caso de ser procedentes”.

Además, apunta que “el manejo de los fondos públicos durante esta emergencia sanitaria ha estado sujeto a diversos señalamientos sobre presuntas irregularidades por parte de las instituciones públicas competentes” y que actualmente “el único órgano constitucionalmente facultado para investigar y requerir criminalmente por actos de corrupción se encuentra limitado y es necesario el pronunciamiento constitucional al respecto”.

En ese sentido, “la prontitud en la resolución de las acciones de inconstitucionalidad contribuirá a garantizar que el control de los recursos públicos y el ejercicio de la acción penal pública se realicen respetando el principio de legalidad y debido proceso en la impartición de justicia. Pero, sobre todo, tiene el potencial de salvar vidas, dado los limitados recursos con que cuenta el país”.

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