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Tegucigalpa, Honduras.
El Congreso Nacional aprobó con dispensa de dos debates, una modificación a la Ley de Protección de los Hondureños Migrantes y sus Familias, la que está orientada a crear un fideicomiso en el Banco Central de Honduras (BCH), para el manejo del Fondo de Solidaridad con el Migrante Hondureño.
El proyecto de decreto fue enviado al Congreso Nacional por el Poder Ejecutivo y dictaminado por la comisión ordinaria de relaciones internacionales e integración regional y consiste en reformar el párrafo primero del artículo 29 de la Ley de Protección de los Hondureños Migrantes y sus Familias para crear el Fondo de Solidaridad con el Migrante Hondureño.
En ese sentido, se crea el Fondo de Solidaridad con el Migrante Hondureño (Fosmih) el que se financiará con fondos que el BCH transfiera del presupuesto aprobado para el presente año por un monto en lempiras equivalente a cinco millones de dólares.
Los recursos del fondo serán administrados a través de un fideicomiso constituido en el BCH en donde este actuará como fiduciario, la Secretaría de Finanzas como fideicomitente y la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional como fideicomisario.
El directorio del BCH debe tomar las previsiones para su incorporación en las formulaciones presupuestarias.
Contratos de energía limpia
En la sesión de este martes, se aprobaron en tercer y último debate tres contratos para la generación de energía hidroeléctrica entre los que destaca el número 268-2014 firmado entre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y la empresa Energy Star cuya planta funcionará en Loma Larga, en el municipio de Yoro, Yoro y que venderá a 11 centavos de dólar el kilovatio hora.
Asimismo, el contrato 183-2014, suscrito entre la ENEE y la empresa Hidroeléctrica El Naranjito S.A., para el proyecto hidroeléctrico El Naranjito, ubicado en la comunidad del mismo nombre y que generará 45 megavatios a un valor de 11 centavos de dólar el kilovatio hora.
El otro es el contrato 184-2014 suscrito entre la ENEE y el Grupo Hondureño de Inversionistas para la instalación de la planta hidroeléctrica Joya de la Laguna, ubicada en el municipio de El Naranjito, Santa Bárbara, la que generará 33 megavatios a un precio de 11 centavos el kilovatio hora.
Octava bancada
En la sesión de este martes, el secretario de la junta directiva del Congreso Nacional, Mario Pérez, leyó la nota enviada por cuatro diputados que pertenecían al partido Libertad y Refundación donde expresan que a raíz de diferentes situaciones que se dieron a lo interno de esa bancada y que no son compartidas por ellos, tomaron la firme decisión de separarse de esa organización política.
En ese sentido, solicitan al presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, que se les reconozca como una bancada independiente a partir de hoy y que a la vez se les asigne la función y demás aspectos que establece la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
Establecen que por consenso de todos, la diputada Yenny Yesenia Murillo Peña será la jefa de la bancada, mientras que Tatiana Ninoska Canales González, será la subjefa de la misma. La nota es suscrita también por los diputados José Omar Rodríguez, Wilmer Santos Barahona, Milton Noel Villeda Valladares, Lidia Zulema Guardado y Marciano Alvarado.
La presidenta en funciones del Congreso Nacional, Lena Gutiérrez, manifestó que siendo así queda conformada la octava bancada en el Congreso Nacional, por lo que con instrucciones del titular del Legislativo, Mauricio Oliva, se instruye a la administración y a los demás departamentos que corresponda hacer los arreglos correspondientes y la próxima semana ya serán invitados a la reunión de los jefes de bancada y la junta directiva.
Ley Marco de Protección Social
En la sesión de este martes, se aprobó en segundo debate, desde el artículo 18 al 56 de la Ley Marco para el Sistema de Protección Social para una Vida Mejor, presentada ante el Congreso Nacional por el presidente Juan Orlando Hernández en septiembre del año pasado.
La ley contiene la política social de Estado para garantizar la seguridad social universal, además de reconocer en términos de principios la seguridad social como un derecho humano contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y, posteriormente, reconocido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1966.
En Honduras no existe un sistema de protección social adecuado, a pesar de la creación del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), ante lo cual el gobierno propone la creación de un plan para todos para una vida mejor, con el objetivo del desarrollo humano, la reducción de desigualdades y la protección de todos los hondureños.
La ley fue ampliamente consensuada con diversos sectores como organismos internacionales, centrales obreras, sector empresarial, instituciones de previsión social, colegios profesionales, asociaciones de jubilados, el Régimen de Aportaciones Privadas (RAP), Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), las secretarías de Salud, Trabajo y Educación y hospitales privados, entre otros.
El Consejo Económico Social (CES), presentó ante la comisión especial nombrada por el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, para dictaminar la ley, un anteproyecto consensuado en un 95 por ciento con los tres sectores: obreros, empresarios y gobierno, y en base a eso se han incorporado los aportes de todos los sectores.
Entre otros aspectos, en el anteproyecto se incorporan nuevos conceptos, se establecen claramente las fuentes de financiamiento, así como la gradualidad y progresividad, permite la contratación privada siempre y cuando el servicio sea mejor al que presenta el IHSS.
También se establece la cuenta de capitalización individual, el proceso de concurso para seleccionar al director del IHSS y se ofrecen incentivos fiscales para las reservas individuales y colectivas.
En la sesión de este martes, se aprobó en primer debate un proyecto de decreto enviado por el Ejecutivo y dictaminado por la comisión ordinaria de relaciones internacionales e integración regional, encaminado a ratificar el adéndum al convenio básico de cooperación suscrito entre el gobierno de Honduras y el Centro Cooperativo Sueco.
Ley de Pesca y Acuicultura
Asimismo, en la sesión también se aprobó en tercer y último debate del artículo 32 al 37 de la nueva Ley de Pesca y Acuicultura, la que reglamenta el uso correcto de los recursos marítimos y acuícolas, así como la territorialidad y explotación y su sostenibilidad.
La normativa que contiene 125 artículos fue consensuada porque es conducta del actual Congreso Nacional que todos los proyectos de ley se socialicen y consensuen con los sectores involucrados con el fin de recoger sus aportes para que el producto sea viable y de beneficio general.
La pesca es una actividad que en un solo rubro genera al país más de 200 millones de dólares por exportaciones y merece todo el apoyo porque está siendo regulada por una ley que data de 1959, según los miembros de la comisión ordinaria de agricultura y ganadería.
La socialización se ha hecho con todos los involucrados, las etnias, pescadores artesanales e industriales, la camaricultura y demás rubros que explotan productos del mar.
La actual normativa es muy vieja y ha quedado obsoleta ya que tiene 55 años, por lo que se busca que la nueva ley sea la más moderna en la región.
Mediante la ley, se crea el Consejo Nacional de Pesca y Acuicultura (Conapesca), donde están representadas varias secretarías de Estado, pescadores y acuicultores artesanales e industriales y los pueblos indígenas y afrohondureños.
La nueva normativa se enmarca en reglamentar el uso correcto de los recursos marítimos y acuícolas, así como la territorialidad, y explotación y su sostenibilidad. Honduras tiene recursos marítimos en el océano Pacífico y el mar Caribe o de la Antillas.
Iniciativas del Ejecutivo
En la sesión de este martes se conocieron cuatro iniciativas de ley enviadas por el Poder Ejecutivo para ser dictaminadas por el Congreso Nacional, uno de los cuales tiene que ver con la creación del Sistema Nacional de Emergencias 911, que busca proporcionar servicios de asistencia en casos de urgencias a nivel nacional.
Dicho proyecto busca que las llamadas telefónicas realizadas por cualquier persona desde cualquier parte del territorio nacional y que requieran seguridad, atención sanitaria, extinción de incendios, salvamento o protección civil, procurando en definitiva dar respuesta inmediata, coordinada y de calidad.
A la vez, se busca que se maneje una consolidada fuente de información y de valor para los mandos y los sectores responsables. Las llamadas pueden ser las relacionadas con los asuntos que comprometan la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las personas físicas o jurídicas o la de sus bienes y, que exija un auxilio inmediato de una o varias de las instituciones que integran el Sistema regido por el decreto legislativo.
Asimismo, el Ejecutivo remitió el proyecto de decreto mediante el que se crea el Fondo de Hipotecas Garantizadas que busca establecer un sistema de garantías que permita a la población hondureña que carece de una solución habitacional, acceder al crédito para obtener su vivienda propia, sin mayor esfuerzo que el de pagar mensualmente una determinada suma de dinero.
Otra iniciativa es el proyecto de decreto contentivo del contrato de suministro suscrito en 2013 entre la Secretaría de Salud y una empresa con sede en Viena, Austria para la construcción del área de imagenología de las áreas críticas del hospital San Francisco de Juticalpa, Olancho.
También se recibió una iniciativa de decreto contentivo en dos acuerdos de apoyo suscritos por el procurador general de la República, el ministro de Finanzas y los representantes de todas las sociedades mercantiles con la finalidad de darle cumplimiento a los contratos de suministro de potencia suscrito entre la ENEE y las sociedades mercantiles.
Luego de conocer esos oficios, la presidenta en funciones del Congreso Nacional, Lena Gutiérrez, suspendió la sesión y convocó para una nueva reunión mañana miércoles a las 4:00 de la tarde.