Apenas 1% del Presupuesto es asignado a instituciones contra la corrupción, reprocha Fosdeh

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Es muy importante que venga la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), pero se debe fortalecer el futuro y para ello se debe fortalecer la institucionalidad a lo interno del país, refirió Ismael Zepeda, economista del Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (Fosdeh).

¿Viene la CICIH?, es la pregunta que planteó el economista en un mensaje en su cuenta de Twitter, y añade que sin duda es muy importante la llegada de la comisión “pero no solo para investigar períodos anteriores, debemos fortalecer al futuro, crear institucionalidad y apoyar a las instituciones tanto al interno como los entes fiscalizadores y contralores de los recursos”.

El mensaje es acompañado de estadísticas que anotan que apenas el 1 % del Presupuesto de la Administración Central, es asignado a las instituciones encargadas de la lucha contra la corrupción.

Las estadísticas muestran que el presupuesto de instituciones como el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Secretaría de Estado en los Despachos de Transparencia y Lucha contra la Corrupción y el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), se mantiene o en el mejor de los casos el incremento es mínimo.

Para el caso el presupuesto asignado al Ministerio Público en 2022 fue de 2,240 millones de lempiras y para el 2023 se proyectan 2,246 millones de lempiras, un leve aumento; el TSC, en 2022 tuvo una asignación de 491 millones de lempiras y la misma cantidad se visualiza para el 2023, mientras la Secretaría de Transparencia funcionó en 2022 con 150 millones de lempiras y para el 2023 lo asignado será de 157 millones de lempiras.

Solo 1 % del Presupuesto Central, es asignado a las instituciones encargadas de la lucha contra la corrupción.

Por su parte al IAIP, se le asignaron en 2022 37 millones de lempiras y para el 2023 la asignación pasaría a 39 millones de lempiras.

Pero lo peor, según especialistas es que el poco incremento que se da en el poco presupuesto asignado a dichas instituciones se diluye en la masa salarial y es muy poco lo que resta para la labor de combate a la corrupción.

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