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La Federación decidió parar de manera indefinida la competición a partir del próximo 16 de mayo. De esta forma, el órgano director del fútbol español se alineaba con la AFE en su oposición al Decreto Ley, con el apoyo de los árbitros y de los presidentes de las federaciones teritoriales. Estos son los principales puntos para justificar la radical medida de fuerza adoptada:
El texto que regula la venta centralizada de los derechos televisivos de los clubs de Primera y Segunda División a partir de la temporada 2016-17 fue aprobado por el Gobierno el pasado 30 de abril, publicado en el BOE el 1 de mayo y debe ser convalidado por el Congreso en el plazo de 30 días hábiles desde su publicación en el BOE.
El CSD fijó en agosto de 2014 cómo debe distribuir la Federación el 4,55% de la recaudación del impuesto sobre las quinielas que percibe, con destino a potenciar a “los deportistas con proyección de futuro” y en general a las “actividades destinadas a la promoción del fútbol no profesional”, así como al fomento del fútbol femenino. Este dinero también va destinado a construcción, mantenimiento o mejora de las instalaciones municipales o federativas “en las que se realicen actividades de fomento del fútbol no profesional”.
Este texto legislativo, impulsado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, obliga a regularizar la situación laboral de todos los colaboradores de los clubs, sea cual sea su categoría y su ocupación, que deberían ser dados de alta en el régimen de la Seguridad Social. Los gastos que se derivan de esta medida pueden llevar a la asfixia económica a muchas de estas entidades menores que son la base del fútbol español, defiende la Federación.
El 31 de enero el CSD abrió expediente a la Federación por no haber justificado debidamente algunas partidas de la subvención correspondiente al dinero de las quinielas. Por este motivo, el Consejo exige el inmediato reintegro de dichas cantidades. La Federación defiende que dichas cantidades están ya desembolsada y debidamente justificadas por el fútbol español, por lo que no existe razón para la apertura de dichos expedientes.