La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, ha vuelto a denunciar la alarmante corrupción que corroe el sistema judicial hondureño, en medio de un nuevo escándalo que sacude las más altas esferas del poder.
«La alcantarilla judicial queda al descubierto una vez más, en este país, donde la corrupción es ‘ley’«, afirmó Castellanos, reflejando la creciente frustración de la ciudadanía ante la impunidad que prevalece en las instituciones encargadas de impartir justicia.
Las fuertes declaraciones de Castellanos se dan en el contexto del caso de presunta extorsión en el que está implicado el juez Marco Antonio Vallecillo, un episodio que ha señalado a altos funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público.
El escándalo ha escalado al punto de involucrar a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando, quien ha sido mencionada en relación con su consorte, supuestamente implicado en la recepción de una suma millonaria.
Este caso ha provocado un verdadero terremoto en las más altas esferas de la justicia hondureña, poniendo en entredicho la integridad del alto mando judicial y revelando, una vez más, las profundas grietas en un sistema que debería ser el pilar de la legalidad y la equidad en el país.
La destitución del juez Vallecillo ha expuesto no solo un nuevo capítulo de corrupción, sino también la fragilidad institucional frente a las presiones y el poder de aquellos que deberían garantizar la justicia en Honduras.
La situación ha dejado en evidencia la necesidad urgente de una reforma profunda en el sistema judicial hondureño para restaurar la confianza y asegurar que la justicia prevalezca sobre los intereses particulares.