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Tegucigalpa, Honduras
El Alcalde de Nueva Armenia Francisco Roberto López, admitió haber actuado irregularmente tras autorizar el corte o explotación de recurso forestal en el cerro “Salalica” jurisdicción de Nueva Armenia, lo anterior con el ánimo de realizar, según él, una serie de obras en pro de la comunidad.
Según las averiguaciones de la Fiscalía del Ambiente de Tegucigalpa, mismas que inician en el año 2010, el edil y varios regidores obviaron el mandato de la Ley en lo que respecta a las autorizaciones para estas actividades, entre ellas las que deben ser del conocimiento del Instituto de Conservación Forestal (ICF).
El cerro en mención es cercano a fuentes de agua, entre ellas un río, la cantidad de pies de madera cortados es de cinco mil pies tablares. Producto de la intervención de la mano del hombre en este sector es muy probable que el río pierda su capacidad de captación de agua y haya una disminución en su cauce.
Culminadas las averiguaciones y habiendo hecho los aportes técnicos de rigor, se presentó Requerimiento Fiscal contra Francisco Roberto López y los ex regidores Jesús Vicente Aguilar Sánchez, Lila Esperanza Alonzo Flores, Mateo Aníbal Barahona y Miguel Velásquez por los delitos de Usurpación de Funciones y Aprovechamiento Ilegal de producto y sub producto forestal sin fines comerciales.
No obstante lo anterior y en atención al principio de objetividad y a la luz de lo que establece el Código Procesal Penal en el artículo 36, la Fiscalía valoró el planteamiento presentado por la Defensa de los Imputados en el sentido que se beneficiara a sus representados (Alcalde y Ex Regidores) de la medida desjudicializadora conocida como Suspensión de la Persecusión Penal.
En ese sentido y agotando los requisitos que la Ley señala para este beneficio, la Fiscalía del Ambiente presentó solicitud de Suspensión Condicional de la Persecusión Penal contra los imputados en la audiencia respectiva al juez competente.
Así mismo y tras la admisión de los hechos los procesados se comprometieron a realizar la reforestación de 1350 árboles, los cuales van hacer sembrados y cuidados en la zona afectada en un término de tres años para garantizar su crecimiento en la zona.
Asimismo, deben señalizar con rótulos para dar a conocer a las personas aledañas que es una zona forestal, que se prohíben los cortes y aprovechamientos ilegales, además la indemnización respectiva a los intereses del Estado, para lo cual, la Procuraduría General de la República hará lo pertinente.