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A más de 256 mil 447 millones de lempiras, asciende la deuda interna sumada a la externa del Estado hondureño, misma que sigue en aumento ante la falta del control por parte de las autoridades y de los organismos internacionales de crédito que han cedido a préstamos para programas sociales que no han funcionado o no han generado “ningún retorno” para la estabilidad del país.
Un repaso a la situación económica del país, los gobiernos se han dedicado a endeudarse, justificando beneficios a los sectores más vulnerables mediante supuestas ayudas condicionadas que se han vuelto populares y no han logrado los objetivos “plasmados en el papel”, refirió un analista y consultor financiero que dialogó con hondudiario.com.
A estas deudas, se suma la deuda “interna del sector público no financiero” que asciende a unos 7 mil 680 millones de lempiras, que incluye a las alcaldías y otras instituciones descentralizadas, que también sumadas influyen en el desarrollo económico social de los hondureños.
La deuda externa general central a junio del 2019, asciende a L179 mil 447 millones, que representa un 70 por ciento, la deuda interna suma a 77 mil 047 millones, un 30 por ciento, para sumar 256 mil 447 millones de lempiras, un 100 por ciento, lo que representa toda la administración central, aunque excluye otras deudas de estos informes.
Según este experto, el problema de las deudas es que la mayoría “no tiene retorno” y en muchos casos ha sido muy “bajo retorno”. Los gobiernos han tenido un gasto desordenado de los dineros logrados a través de los préstamos.
“No se entiende el por qué los organismos internacionales que muchas veces financian las deudas, o las re financian no hacen evaluaciones cada año, para ver si hay retorno, sino hay logros penalizar los programas que financian, el programa o institución que tiene la tutela de la deuda, o bien proceder a cancelarlo”, indicó el especialista durante el diálogo.
Para entender sobre el endeudamiento del Gobierno, indicó el “porqué los hondureños a la fecha no se saben cómo se endeuda. Los medios de comunicación, así como se exponen el tipo de cambio del dólar en los noticieros todos los meses, deberían publicar este nivel de deuda para que la gente sepa cómo se endeuda el país”.
Dijo que una medida de presión para los organismos cooperantes internacionales y de crédito que argumentan ser transparentes y eficientes en los controles de sus gastos o inversiones, sería hacerles presión mediática, señalar de manera constante que las inversiones del Estado en determinados proyectos financiados por ellos están siendo mal utilizados y que no están dando los resultados deseados. “Eso genera cierta presión en los cooperantes, porque parte de esa deuda viene de ellos (70%), considerando además que cada mes se publica toda la información”.
Otra medida para frenar el endeudamiento desordenado del Estado es que haya un marco legal, “que elimine un proyecto de deuda que no camina. Aquí solo lo cierran y bajo ese nombre el endeudamiento se viene o se sigue justificando”.
“Es necesario un marco legal, para que la deuda sea hecha en los proyectos prioritarios no en lo que quiera el presidente de turno, aunque podría ser difícil cambiar de actitud, porque lo que los presidentes quieren o proponen no tiene retorno alto, sino populismo y protagonismo”.
“Así, el cooperante tendrá un marco legal, para no prestar por prestar dinero a un gobierno, como ejemplo el BID no quiso financiar la tarjeta de identidad pero el BCIE si lo hizo, aparentemente por presiones ya que el presidente de esa instituciones es manejada con intereses políticos de los gobiernos que lo integran”, refirió en la conversación el especialista.
“Entonces el país se endeuda sin ninguna normativa sería, aunque debe entenderse que el presupuesto es un instrumento del presidente de la República y que la secretaría de Finanzas (SEFIN) lo que hace es con una línea presidencialista y debe obedecer. No se le puede decir no”.
“Cuando se hace el presupuesto, hasta se omiten las deudas que no quieren ver reflejadas, en esos casos le se conocen como los antifaces de las finanzas públicas, por eso deben aplicarse las normativas para parar no al cooperante sino al gobernante para que en sus disposiciones no se vuelva desordenado”.
Regular o frenar el endeudamiento desordenado en el país, únicamente se logrará tomando una decisión estrictamente propia del gobernante, que trabaje bajo un marco legal donde se dictamine que la deuda será aplicada en las prioridades de país, como la construcción de represas de agua, hospitales, postas policiales, en proyectos claros con una normativa seria, donde el presidente pierda el derecho de decidir dónde va a gastar el dinero logrado de un préstamo o el pago de una deuda.
En muchos casos, “los presidentes ponen sus condiciones al momento de lograr un préstamo o una ayuda financiera, ellos dicen o condicionan que serán ellos (gobierno) quien administrará el dinero y por eso los fracasos, porque no hay ninguna normativa legal de cumplimiento, por esos los traslados de dinero de un programa a otro mediante resoluciones propias y supuestamente justificable en una deuda”.
En la actualidad se deben renegociar varias deudas, porque se están comiendo el presupuesto y el manejo del Sistema de Administración de Rentas (SAR) no es congruente con la realidad financiera del país, el Gobierno para mejorar los ingresos en la actualidad, debería bajar un punto en el Impuesto Sobre Ventas (ISV) para dinamizar la economía en estos momentos de crisis socio política.