Fiscalía acusa a militares y policías por violaciones a derechos humanos en casos de abuso de poder
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La Fiscalía Especial de Derechos Humanos (FEDDHH) ha presentado tres acusaciones en casos que involucran a miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA) y de la Policía Nacional, tras realizar un exhaustivo análisis de hechos que constituyen delitos y violaciones a los derechos humanos.
El primer requerimiento fiscal fue emitido contra Ángel Flores Reyes, quien operaba el cañón de una tanqueta antimotines durante una manifestación el 15 de septiembre de 2020, en el boulevard Morazán. Según la investigación de la FEDDHH, Flores disparó agua contra uno de los manifestantes, provocándole lesiones en ambos ojos. La víctima fue trasladada al Hospital Escuela, donde fue diagnosticada con trauma periocular bilateral y recibió una incapacidad por 14 días.
El segundo caso involucra al excoronel de las Fuerzas Armadas Alfonso Puerto Galeas, la teniente de navío Ivón Lizeth Sibrián Mejía y el capitán de seguridad Luis Rivera López. Los tres son acusados de violación de los deberes de los funcionarios y amenazas tras un incidente ocurrido el 17 de octubre de 2019 en las instalaciones del Comando de Operaciones C9 de las FFAA. Según la investigación, los acusados hostigaron a una oficial por la desaparición de un teléfono móvil dentro de las instalaciones del Estado Mayor Conjunto.
Finalmente, el tercer requerimiento fiscal fue presentado contra los agentes de la Policía Nacional Brayan Alvarenga Ordóñez, José Saúl Rodríguez y Luis Alberto Burgos Paz. Los hechos ocurrieron el 4 de marzo del presente año, cuando la víctima grababa el ingreso de una patrulla de la Policía Nacional en las instalaciones de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF). Según el testimonio, Alvarenga lo agredió físicamente y luego lo persiguió por las instalaciones, realizando un disparo que casi impacta a otra empleada.
Estos casos reflejan el compromiso de la FEDDHH en la defensa y protección de los derechos humanos en Honduras, promoviendo la rendición de cuentas por abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado.
