Julieta Castellanos Advierte sobre el Retroceso en la Lucha contra el Narcotráfico tras Derogación del Tratado de Extradición con EE.UU.
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La socióloga y exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, realizó un análisis crítico sobre la reciente decisión de la presidenta Xiomara Castro de denunciar el Tratado de Extradición entre Honduras y Estados Unidos. Castellanos destacó que esta medida representa un grave retroceso en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción en el país, al tiempo que fortalece lo que describe como un «Estado narco».
Desde el inicio del gobierno de Xiomara Castro, el partido Libertad y Refundación (Libre) había mostrado su interés en terminar con la extradición de ciudadanos hondureños hacia Estados Unidos, y según Castellanos, esta derogación es parte de una estrategia más amplia. «Desde el inicio del gobierno, Libre tenía el objetivo de terminar con la extradición, pero a través de otros», afirmó la socióloga.
Castellanos considera que la derogación del tratado es un claro paso atrás en los avances legales logrados desde 2012, cuando Honduras comenzó a extraditar a narcotraficantes a Estados Unidos. Según su análisis, la decisión tomada el 28 de agosto es vista como una traición al interés nacional de combatir el crimen organizado, protegiendo a narcotraficantes y otros criminales que deberían enfrentar la justicia en el extranjero.
La exrectora sostiene que esta medida forma parte de una estrategia más amplia liderada por la familia presidencial y que no es un hecho aislado. Recordó que en marzo de 2023, el Postgrado en Derecho Penal y Procesal Penal de la UNAH presentó una propuesta de ley de extradición que fue duramente criticada, incluso por miembros del gobierno como el exministro de Transparencia, Edmundo Orellana. Este último advirtió que quienes promovían dicha iniciativa lo hacían por intereses personales para evitar su propia extradición.
El despido del secretario de Seguridad, Ramón Sabillón, en junio de 2023, es otro punto clave en el análisis de Castellanos. Sabillón, quien había liderado la captura de un exdiputado liberal solicitado en extradición, fue removido de su cargo durante la crisis tras la masacre de 46 mujeres en el Centro Femenino de Adaptación Social (CEFAS). Castellanos sugiere que esta destitución estuvo motivada por su firmeza en ejecutar las extradiciones, lo que lo convirtió en un funcionario incómodo para el gobierno.
La socióloga también critica la justificación del gobierno para la derogación del tratado, que se basó en una supuesta conspiración golpista orquestada por Estados Unidos. Para Castellanos, esta narrativa es una «cortina de humo» que intenta desviar la atención del verdadero objetivo: proteger a figuras cercanas al poder, como Carlos Zelaya Rosales, hermano del expresidente Manuel Zelaya, uno de los primeros beneficiados por la derogación del tratado.
Crisis Interna en Libre y Conflictos de Interés
Castellanos también resalta la crisis interna que enfrenta Libre con la pérdida de diez diputados en el Congreso Nacional, debilitando su capacidad para aprobar leyes clave. Además, menciona la reciente captura del exministro de Salud, el doctor Arturo Bendaña, como un intento del Ministerio Público de desviar la atención de los escándalos de corrupción que afectan a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y a altos funcionarios del gobierno.
En cuanto a la situación de Rixi Moncada, quien fue nombrada Ministra de Defensa, Castellanos destaca un evidente conflicto de interés. Según ella, este nombramiento no generará confianza en la misión de las Fuerzas Armadas durante el proceso electoral y evidencia el cerrado círculo de confianza de Libre, que se mueve entre dos núcleos familiares: Zelaya-Castro y Moncada-Godoy.
En los puntos finales de su análisis, Castellanos cuestiona quién sustituirá a Carlos Zelaya como secretario del Congreso Nacional y cómo Libre controlará la presidencia del Congreso a través de otros diputados en la Junta Directiva. Finalmente, advierte que Honduras se encuentra en una encrucijada crítica, donde la legalidad y la institucionalidad del Estado de Derecho están en juego.
«La situación del país se asemeja a la crisis política e institucional de 2009. El futuro dependerá de la capacidad de las instituciones, los liderazgos políticos y la sociedad en su conjunto para defender la democracia frente al avance del narcoestado», concluyó Castellanos.
