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La aplicación continua de la amnistía política en Honduras ha desatado críticas y preocupaciones entre analistas y políticos, quienes consideran que este mecanismo está dando un mensaje negativo a nivel nacional e internacional sobre la impunidad en casos de corrupción.
El coordinador del Observatorio de Política Criminal Anticorrupción (OPCA) en el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), César Espinal, expresó su preocupación, señalando que la absolución reciente del director del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), Rafael Barahona, por delitos de malversación de fondos, amparado con el decreto de amnistía, cuestiona la voluntad política para permitir la intervención de la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).
Analistas consultados indicaron que la CICIH es una promesa de campaña del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre), y que para su implementación, las Naciones Unidas han pedido la eliminación de obstáculos como el pacto de impunidad que permitió la liberación de Barahona.
Kennett Madrid, otro analista, afirmó que la amnistía política ha beneficiado a casos de corrupción que no están relacionados con motivos políticos, y enfatizó que esta situación no ayuda en la lucha contra la impunidad y la corrupción.
Por su parte, el abogado penalista Félix Ávila explicó que la amnistía política no debería aplicarse a delitos de corrupción, ya que estos no son considerados delitos políticos.
La diputada Maribel Espinoza del Partido Salvador de Honduras (PSH) criticó la aplicación de la amnistía en casos de corrupción, afirmando que esto crea inseguridad jurídica y que la corrupción en el país ha cambiado de bandera, pero continúa presente.
La diputada Merary Díaz del Partido Nacional también expresó su preocupación, señalando que la amnistía concedida a Barahona confirma la teoría de que Libre busca controlar la Sala Constitucional para beneficio propio.
Ante esta situación, defensores de derechos humanos como Joaquín Mejía Rivera demandan reformas o derogaciones al decreto de amnistía para garantizar la transparencia y la justicia en casos de corrupción en Honduras.
