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El director de la Policía Nacional, Juan Aguilar, ha confirmado la existencia de tramos en la denominada «narcocarretera» donde se requiere solicitar permiso para pasar, ya que corresponden a propiedad privada. Esta declaración surge como respuesta a la denuncia presentada por el Instituto de Conservación Forestal (ICF), que señaló la necesidad de obtener permisos debido al control territorial ejercido por narcotraficantes y el crimen organizado en ciertas zonas.
El director del ICF, Luis Solís, indicó que los técnicos que trabajan en la zona han enfrentado amenazas constantes por sus acciones en la persecución del delito ambiental. En algunos lugares, es esencial solicitar permisos para circular debido al control ejercido por el crimen organizado.
Aguilar explicó que la situación se debe a que algunos tramos son ejidales, municipales y otros son propiedad privada, por lo que se requiere permisos para transitar. Agregó que estos son temas legales que necesitan un análisis más detenido.
La problemática ha afectado los esfuerzos para conservar y proteger los recursos forestales en la región, según la denuncia de Solís.
La «narcocarretera,» que conecta Dulce Nombre de Culmí en el departamento de Olancho con el departamento de Gracias a Dios, existe desde 2017. El sector ambiental ha pedido su destrucción y la construcción de una nueva por parte del gobierno en lugar de dejarla en manos del crimen organizado.
En 2022, el ministro del Ambiente, Lucky Medina, anunció planes para erradicar el proyecto; sin embargo, el asesor presidencial, Manuel Zelaya, se opuso al proceso, argumentando un acuerdo con pobladores locales.
