Pendientes legales deben ser resueltos para luego elaborar borrador de la CICIH, señala Alice Shackelford
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La coordinadora residente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Honduras, Alice Shackelford, destacó la necesidad de abordar cuestiones legales pendientes antes de avanzar en la elaboración del borrador del eventual convenio de la Misión Internacional Anticorrupción (CICIH).
Shackelford subrayó que la instalación de la CICIH es un esfuerzo conjunto entre la ONU y Honduras. Afirmó que, si bien se ha cumplido con el memorándum de entendimiento, que permitió el envío de un grupo de expertos al país, existen algunos hallazgos legales que deben ser resueltos por las autoridades nacionales.
«El diálogo continúa, y como se mencionó en el comunicado, las Naciones Unidas están a la espera de las indicaciones del gobierno para comenzar las conversaciones sobre el borrador del convenio», expresó Shackelford.
Además, hizo hincapié en la importancia de mantener el trabajo conjunto entre las partes involucradas.
La coordinadora residente también reconoció el esfuerzo de la magistrada del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mirian Barahona, quien asumió la responsabilidad del trabajo del pleno ante la ausencia de dos de sus integrantes.
En relación con la Ley Procesal Electoral, Shackelford destacó su importancia para Honduras y señaló que desde 2021, la ONU ha estado consultando sobre su estado.
Celebró el dictamen de la Ley de Justicia Electoral, aunque enfatizó que la norma debe ser discutida y aprobada en el Congreso Nacional.
«Esperamos que el Congreso se reúna de manera constitucional y formal lo más pronto posible para abordar estos temas. Hacemos un llamado a las fuerzas políticas para que encuentren agendas comunes y permitan que el Congreso, después de tres meses de inactividad, vuelva a ser el órgano que se necesita», manifestó Shackelford.
En cuanto a la elección de magistrados del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), la coordinadora instó a que se realice en un contexto de representación multipartidaria, respetando los marcos legales y constitucionales.
«El llamado es para que la agenda política encuentre la agenda común que permita que el Congreso, después de tres meses, vuelva a trabajar y pueda ser el órgano que se necesita», concluyó Shackelford.
