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Un tribunal federal de apelaciones accedió el jueves por la tarde a la solicitud del estado de Texas, gobernado por el republicano Greg Abbott, para mantener su barrera de boyas antimigrantes en el río Bravo, ubicado en la frontera sur de Estados Unidos. Esta disposición flotante permanecerá en su lugar al menos hasta que se realice una revisión adicional, según la decisión de un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de EE.UU., con sede en Nueva Orleans, Luisiana.
Texas argumentó en su petición que la ley federal de 1899, que prohíbe las construcciones no autorizadas en vías navegables, entra en conflicto con su derecho constitucional a repeler una supuesta «invasión» de población migrante en la zona fronteriza y que la barrera les ha servido para «defenderse».
Esta decisión del tribunal de apelaciones contrasta con la tomada el miércoles por el magistrado David Ezra, del distrito oeste de Texas, quien indicó que el grupo de boyas, de 300 metros de longitud, obstaculizaba «la capacidad navegable» del río y ordenaba su retirada antes del 15 de septiembre.
Ezra también determinó que el Gobierno estatal no había presentado «ningún tipo de evidencia creíble» de que la barrera de boyas hubiera reducido «significativamente» la migración irregular a través del río Bravo.
El Departamento de Justicia de EE.UU. había instado a Texas a retirar las boyas argumentando que ponían en «peligro a los migrantes», violaban la legislación federal y los tratados bilaterales con México.
A principios de agosto, se encontraron dos cadáveres de migrantes flotando en el río cerca de las boyas.
La barrera de boyas forma parte de la «Operación Estrella Solitaria», una campaña lanzada por el Gobierno de Abbott para abordar la migración en el estado y expresar su oposición a las políticas de la administración de Biden.
Abbott ha mantenido una postura desafiante desde que el Departamento de Justicia presentó una demanda el 24 de julio exigiendo que Texas retirara las barreras instaladas a principios de ese mes, con un costo de 850.000 dólares.
El Gobierno de México había pedido en varias ocasiones a EE.UU. que retirara la barrera, alegando que la mayoría de las boyas se encontraban en su territorio. La Comisión Internacional de Límites y Aguas, una entidad binacional, respaldó esta afirmación en un informe presentado ante el tribunal, concluyendo que la mayoría de las boyas estaban en el lado mexicano.
