Diputados en expectativa esperan ser convocados para la elección del Fiscal este martes

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La renuncia presentada por Daniel Sibrián en su calidad de exFiscal General Adjunto ante la Secretaría General del Congreso Nacional el 1 de septiembre ha sido declarada como extemporánea, carente de un destinatario legal y sin la posibilidad de ser procesada. Esta comunicación fue difundida por el Congreso Nacional a través de sus redes sociales.

Según la declaración publicada en la cuenta oficial de redes sociales del Legislativo y firmada por Luis Redondo, el titular de este poder del Estado, la nota de renuncia supuestamente presentada no cumple con los requisitos mínimos de un documento formal y, por lo tanto, se considera mal presentada.

No obstante, el líder de la bancada nacionalista, Tomás Zambrano, ha señalado que la dirección no autorizada del Congreso Nacional continúa cometiendo más abusos al afirmar que la nota del Fiscal Adjunto se envió al pleno para que este decida sobre la validez legal del artículo 80 de la ley del Congreso Nacional.

A través de su red social, Zambrano envió un mensaje a la junta directiva del Legislativo en el que los califica como «mercenarios y terroristas del derecho» y también menciona que no pueden hablar en nombre de los 128 diputados.

La junta directiva del Congreso Nacional sostiene que el ciudadano Daniel Arturo Sibrian Bueso ha perdido por completo la investidura de Fiscal General Adjunto y la confianza del pueblo hondureño. Esto se debe a que tanto el exFiscal General como el exFiscal General Adjunto, por acción u omisión, habrían respaldado, encubierto y perpetuado violaciones a los artículos fundamentales de la Constitución.

Además, se insiste en que el período para el cual fueron elegidos ha caducado después de cumplir 5 años, y cualquier intento de prolongarlo conlleva responsabilidad penal. Esta afirmación se basa en varios artículos de la Constitución de la República y en el Código Penal.

El comunicado concluye afirmando que el Congreso Nacional continuará buscando los consensos necesarios para elegir nuevas autoridades del Ministerio Público, siempre en el marco de la Constitución

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