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El desbalance entre los ingresos y los gastos del sector público no financiero, llegará este año a 1.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Tal proyección está contemplada dentro del programa fiscal que también señala que el déficit fiscal de 2018 alcanzará el 1.2 por ciento y en los años 2019 y 2020 representará el uno por ciento del PIB.
Los estudios de la Secretaría de Finanzas hacen hincapié en que uno de los lineamientos de política fiscal está relacionado justamente con el establecimiento de un techo máximo de déficit fiscal.
Se trata de uno de los indicadores que forman parte de los principios de responsabilidad ligados, a su vez, con la consolidación fiscal, la sostenibilidad de la deuda y la reducción de la pobreza.
El mismo informe explica que las proyecciones fiscales son consistentes con el comportamiento que se espera obtengan los indicadores macroeconómicos.
También se han definido como objetivos importantes el incremento de la recaudación fiscal a través de la ampliación de la base tributaria y el fortalecimiento de la inversión pública.
El Gobierno ha destacado entre los resultados de 2016 la reducción del déficit fiscal de la administración pública centralizada a un 2.6 por ciento, un crecimiento económico de 3.6 por ciento y un índice inflacionario de 3.3 por ciento, además de un ritmo de devaluación controlado del cinco por ciento.
El Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (FOSDEH), ha advertido que es necesario mantener una rigurosa disciplina, dado que los malos manejos financieros pueden repercutir en una elevación de la diferencia entre los gastos y los ingresos.
El análisis del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), es semejante. Los técnicos de ese organismo regional insisten en que el país debe caminar hacia un pacto financiero; de lo contrario, Honduras tendrá una política fiscal que no contribuye a mejorar el presente ni a construir un futuro certero, a juicio de los sectores críticos.