800 millones de lempiras se ahorrara el Gobierno con eliminación de Fondo Departamental

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Tegucigalpa, Honduras

El Estado obtendrá un ahorro de casi 180 millones de lempiras anuales si llega a concretarse la disposición de dejar sin efecto el llamado Fondo de Planificación que es entregado para uso discrecional de los diputados.

En cuatro años, se evitaría un despilfarro de 720 millones de lempiras que hasta ahora han utilizado a su entera discrecionalidad los legisladores, la mayoría de quienes se han negado a rendir cuentas sobre esos fondos públicos.

Como es conocido, los legisladores propietarios reciben para tales efectos un millón de lempiras anuales y sus suplentes obtienen 400 mil lempiras.

Ha sido una práctica institucionalizada que los congresistas dispongan de tales fondos para llevar a cabo planes de proyección social, pero que al final se transforman en acciones populistas, con el fin de incrementar su capital proselitista, sacar ventaja de su oportunismo político y llevar adelante un plan de presencia mediatizada en las comunidades a las que representan.

El verdadero destino de los fondos de apoyo comunitario casi siempre se ha mantenido en secreto, porque son muy pocos los legisladores que rinden cuentas claras acerca de los renglones en que invierten los dineros.

Con fundamento en estos antecedentes, No son pocos los organismos de la sociedad civil que afirman que los recursos asignados a los diputados para la realización de obras de beneficio social son esencialmente utilizados para cristalizar obras demagógicas o sectarias.

Se sabe que, en muchos casos, No es posible verificar si los recursos son verdaderamente empleados en la ejecución de obras en beneficio de los departamentos a los que representan los congresistas o si este dinero es desviado para otros fines.

En el primer trimestre de este, el Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH), entregó a la Comisión de Ética del Congreso Nacional un informe sobre el manejo del Fondo Social de Planificación Departamental.

En dicho documento se hace énfasis en que la población desconoce información básica sobre la existencia del fondo, el lugar donde supuestamente son ejecutados los proyectos, el presupuesto asignado para los mismos y el ente responsable de su realización.

Un cuestionamiento que se da por válido es que el Tribunal Superior de Cuentas No tiene ninguna intervención en el tema, a pesar de ser el organismo contralor entendido en velar por el buen destino de los caudales del Estado.

En agosto de 2012, la magistrada del Tribunal de Cuentas, Daysi de Anchecta, cuestionó: “¿Cómo es posible que los diputados reciban un fondo departamental y No rindan cuentas de su destino?”. Lamentó, además, que desde el Congreso Nacional se emitan ciertas voces que exigen transparencia, pero que algunos de sus integrantes No prediquen con el ejemplo.

El ex fiscal, Edmundo Orellana Mercado, califica la existencia de una partida para manejo discrecional de los congresistas como un “nido de corrupción” porque, además de los recursos correspondientes al llamado Fondo de Apoyo Departamental, los “padres de la patria” reciben subsidios anuales para la realización de tareas políticas.

Documentación referida a 2012, señala que en ese año nada más dos diputados rindieron cuentas de la utilización de los recursos que habían recibido para efectos de la realización de trabajos comunales, a través del Fondo de Planificación Departamental.

La disposición de cancelar esa fuente de recursos es parte de un paquete de temas que serán discutidos en la Cámara Legislativa y que apuntan a reducir los gastos corrientes del Estado y a fortalecer los ingresos para sanear las finanzas en virtual estado de coma.

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