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Tegucigalpa, Honduras.
El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, refirió este martes que por débil e inconsistente, la Cámara Legislativa, declaró desfavorable la propuesta presentada por el jefe de la bancada del partido Libertad y Refundación (Libre), José Manuel Zelaya, dirigida a realizar una consulta ciudadana mediante la figura del plebiscito y preguntar al pueblo si está de acuerdo o no con la instalación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICI).
En declaraciones a la radioemisora HRN, Oliva arguyó que fueron varios los factores fundamentales que influyeron en la decisión del pleno que votó con 66 diputados a favor del dictamen, o sea en contra de la consulta, y 56 a favor del plebiscito.
Oliva recalcó que el jefe de la bancada de Libre, José Manuel Zelaya, en su proyecto de decreto, en ningún momento define los alcances de la CICI en Honduras.
Explicó que es potestad del Ejecutivo gestionar ese tipo de tratados internacionales, el camino, además de largo resultaba oneroso, ordenarle al presidente Juan Orlando Hernández, buscar apoyo internacional para la lucha contra la corrupción y la impunidad, que es deseo unánime del pueblo hondureño.
Sin embargo, ya el presidente Hernández ha iniciado esa tarea y el viernes llega al país el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro junto a Miguel de los Ríos para iniciar ese diálogo donde serán facilitadores y a corto plazo lo harán representantes de la Organización de Naciones Unidas (ONU), argumentó.
“No se puede aprobar un proyecto de decreto que no defina con precisión qué se quiere, aquí el único referente que hay es el excepcional caso de la CICIG en Guatemala, que todos coinciden que corresponde a una realidad social concreta, surgida de una guerra interna de 40 años y que se creó para otros fines”, señaló.
Enumeró que otro punto es la financiación de esa comisión y no se debe ignorar lo que dice el artículo cinco de la Constitución de la República en el sentido de que la figura del plebiscito se hará para temas constitucionales, legislativos y administrativos y en ningún momento el presidente Zelaya señala qué es lo que quiere.
Además, se intuye, según los considerandos y exposición de motivos, y por lo que algunos diputados de su partido expresaron en la Cámara Legislativa, que no se confía en la justicia hondureña, que hay que suplantarla y eso ya implica reformas constitucionales, subrayó.
Sin embargo, la propuesta era débil y superficial, incluso, en forma hipotética le dejarían al presidente que creara una CICI a su criterio porque no definen los parámetros. Por eso el argumento es muy débil, su abordaje superficial y queda la duda si en verdad la querían, reiteró.
Precisó que sólo su trámite implica reformar los artículos 2, 17, 19 y 34 de la Constitución y eso conlleva esperar dos legislaturas, realizar un plebiscito y luego ver qué es lo que pide el gobernante. “Entonces se trata de un proyecto de dos a tres años cuando el presidente Hernández ya estableció un diálogo y lo puede llevar por la vía más expedita”, acotó.
La propuesta del diputado Zelaya era que el plebiscito se realizara en noviembre de este año y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dijo que no se podía, pero que si le daban todos los recursos, podría hacerse en febrero de 2016.
“Por ello es donde me pregunto, donde está la inmediatez para tener un producto o se hace de la realidad nacional, el consenso de lo que piensan todos, en un diálogo incondicional, abierto, incluyente, que nadie se auto margine y conducido por gente de los foros más importantes”, apuntó Oliva.
Añadió que “Zelaya lo que propone es una reforma constitucional y por eso se procedió a la mayoría calificada y aún así ni siquiera alcanzaron mayoría simple y por ello el proyecto no se aceptó, no hay claridad y eso se hizo saber a todas las bancadas, algunos cayeron en la razón, la mayoría, sin embargo, el tema no está muerto, hay otra ruta para construirlo pero hacerlo bien·.
Refirió que también se les dijo a los diputados de Libre que una CICI vendría a suplantar funciones de los operadores de justicia y recordó que el artículo 34 de la Constitución ya señala las restricciones a los extranjeros en cuanto a ejercer empleos o servicios en el país.
Sobre la ausencia de varios diputados propietarios de Libre, entre ellos el propio Manuel Zelaya, opinó que eso denota que no tenían interés en el tema, pero es del criterio que todas las manifestaciones reflejan el deseo de combatir la impunidad y todos actuaron de buena fe y donde se ha disentido es en el prisma de ver las cosas.
Rechazó que exista temor de parte del Partido Nacional a una CICI y más bien el partido de gobierno está afrontando las cosas de forma responsable, respetuosa e incluyente y prueba de ello, es que el presidente Hernández ha hecho una propuesta que sirva de detonante y no está escrita en piedra.