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Tegucigalpa, Honduras.
¿Quién pagará el seguro de las personas que viven en extrema pobreza, que no puedan pagar una cuota mensual? ¿Qué va a pasar con la red de servicios de la Secretaría de Salud? Y ¿Qué va a pasar con los 27 hospitales públicos y los centros de salud rurales? Son parte de las interrogantes que manifestó Rutilia Calderón, vicerrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) respecto al proyecto de Ley Marco de Protección Social que reformará el sistema de salud pública en el país.
Las preguntas surgieron ante la posibilidad de que la referida normativa comience a debatirse en los próximos días en el Congreso Nacional y se reforme el sistema de salud del país.
“Los proyectistas plantean el ejemplo de Costa Rica, pero Costa Rica fueron 50 años de consolidación de la red pública de servicios y del roll del Estado para regular, pero para garantizar que el bien público -que es la salud- llegara a la totalidad de la población costarricense, por lo tanto, otra de nuestra propuesta es que en la ley marco quede un artículo que quede explicito que se va hacer una aplicación progresiva, con evaluaciones semestrales con base en indicadores de resultados y de impacto”, aseveró la académica.
Por su parte, la rectora de la UNAH, Julieta Castellanos, manifestó que ve esta propuesta de ley como una legislación que no deja bien claro de dónde van a salir el financiamiento para los sectores que no va a tener un seguro y mucho menos como se asignará el presupuesto para atender la salud pública en el país.
Se trastocará el modelo de salud
Calderón explicó que el proyecto de Ley Marco de Protección Social define que hay dos grandes estrategias para lograr la protección social que son: la cobertura universal en salud y un sistema de previsión social consolidado y eficiente, lo que implica que trastoca todo el actual sistema de salud y el modelo de atención de salud del país.
Al consultarle a la académica que al aprobarse en el Congreso Nacional se está privatizando el sistema de salud, ella contestó: “Claro, porque el Estado va a transferir la atención en salud a entes públicos, privados, mixtos, fundaciones, organizaciones no gubernamentales, etc, que es el modelo colombiano”.
“Nosotros hemos señalado que uno de las evidencia del fracaso de ese modelo –en Colombia- es por ejemplo el cierre del mayor hospital público de Bogotá, el que es cinco veces más grande que el Hospital Escuela y que tiene tres años cerrado precisamente porque no se le financió, se le recortó presupuesto, no se le fortaleció entonces la población progresivamente se fue desafiliando del Hospital San Juan en búsqueda de los seguros privados”.
Antecedentes
En septiembre del año pasado el presidente Juan Orlando Hernández presentó ante el Congreso Nacional una propuesta de ley que se espera cambiar todo el sistema de seguridad social en el país, en el que se supone se dará acceso a los servicios de salud y previsión social a más de 835 mil familias hondureñas,
Frente a esta iniciativa y por su falta de información o especificidad sectores tanto de la academia, como de la sociedad civil se unieron para hacer eco sobre el tema, ya que consideran que esta ley en vez de dar una solución a la población en materia de salud, dejará desprotegido al sector más necesitado del país.
Interés particular
Por su parte, Roberto Carlos Salinas, miembro de la Comisión Interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y quien ha sido funcionario de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), señaló que pareciera que UNAH se opone a la entrada en vigencia de la referida ley porque vela por los intereses particulares del Hospital Escuela Universitario.
“No estamos de acuerdo que se pretendan desarticular esfuerzos que van con el propósito colectivo y universal por defender intereses particulares de grupo. Esto sería una lástima, que pudiese ser ese el objetivo”, expresó el funcionario.
Fue del criterio que en el caso de algunas de las observaciones que realizan las autoridades de la UNAH se enfoca más en la situación del Hospital Escuela, que en la salud integral de la población hondureña. “Estoy de acuerdo que el Hospital Escuela es esencial, se tiene que fortalecer, pero, esto debe ser en el marco de una red pública que funcione de una manera ordenada, que pague de una manera ´percapitada´, por persona y por patología resuelta, los servicios de atención médica”, indicó.
Para salinas no se puede continuar trabajando de una manera desordenada y se tiene que pagar a cada institución alejados de un criterio de quien “tiene más galillo traga más pinol”, sino, de cuántos afiliados son atendidos en cada uno de los hospitales y qué tipo de patologías se tratan.
Privatización
“No creemos que esta ley sea la privatización de los servicios públicos de salud, claro que no. Vamos a establecer una política pública del sistema de salud en el entendido que fortaleceremos la red integral de la salud pública y se invertirá todo lo que sea necesario”, indicó.
Ahora, lo que no podemos superponer los intereses de grupo a los del afiliado, porque tienen derecho de elegir en un ambiente de competitividad, cuál es el centro asistencial en donde debe ser atendido, sea público o privado. “Será obvio que el afiliado acudirá al centro asistencial en donde recibirá un mejor servicio y a un mismo precio”, dijo Salinas.
“Queremos crear las condiciones de competitividad necesarias para que sea un mercado que se autorregule y que prevea servicios de salud dignos para todos”, dijo.
Discrepó con las autoridades universitarias que al entrar en vigencia esta normativa se debilitarán los 27 hospitales públicos, las redes de salud y se dejará desprotegido a un 60% de la población del país.
“Esas apreciaciones no son correctas, son totalmente falsas y aquí es donde creo que la UNAH pareciera que defiende solo al Hospital Escuela Universitario, porque se pagará por patología resuelta y por persona a todos los hospitales”, señaló el funcionario.
“Que no se preocupe la señora rectora-Julieta Castellanos- amplió- porque el hospital que atienda a más personas obtendrá mayores ingresos económicos. En este sentido, si el Hospital Escuela atiende a más pacientes, entonces, recibirá más ingresos, no veo, ni entiendo cuál es el temor”, expresó.
El costo
Cuando a Salinas se le consultó cuál es el impacto económico de esta reforma al sistema de salud, respondió que el primer paso que se ha dado es destinar unos 8,000 millones de lempiras anuales, provenientes del 20% de la recaudación del Impuesto Sobre Ventas (ISV) y que es destinado para fortalecer el Fondo de Protección Social y Solidaridad.
“Hablamos de cantidades importantes de dinero para apoyar esta vía. Esperamos que esta cantidades en el marco del crecimiento económico que se pretende mejoren y se optimice la atención”, dijo.
Rapidez
Por su parte, el interventor del IHSS expresó que en el Congreso Nacional existe el interés para que esta normativa sea discutida y analizada por todos los sectores. Sin embargo, que es de interés general que sea aprobada en el menor plazo de tiempo posible para brindar una asistencia sanitaria de calidad en beneficio de la población más necesitada del país.
“Lo que hagamos en el presente definirá nuestro futuro”, indicó.