Informe de amnistía internacional alerta sobre brutalidad de femicidios en Nicaragua

Nicaragua

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El 20 de febrero la mínima comunidad de Los Llanos, en el departamento de Estelí (148 kilómetros al norte de Managua, la capital) se horrorizó al conocer que una de sus vecinas, una niña de doce años.

Fue encontrada al fondo de un pozo, con las manos atadas con alambres, después de ser violada y asesinada a “machetazos”, según la información oficial de las autoridades. Yesbeling Espinoza Calero había desaparecido desde el pasado 24 de noviembre y hoy forma parte de la larga lista de mujeres asesinadas en Nicaragua, país que, según el más reciente informe sobre derechos humanos de Amnistía Internacional, registra feminicidios cada vez “más brutales”.

Los habitantes de Los Llanos no se recuperan de la tragedia, mientras el país entero contiene el aliento al conocer, por las crónicas de los diarios, los detalles del crimen: la Policía de Nicaragua señala a Rommel Jiménez Ponce (27 años) y su sobrino, Yorbin Calderón Jiménez (22 años), de secuestrar a la niña. La violaron y luego la golpearon con un machete en la cabeza.

Más tarde ataron a la cintura de la niña una enorme roca, las manos las ataron con alambres, y la lanzaron a un pozo. Fueron los peritos forenses del Instituto de Medicina Legal quienes identificaron el cuerpo de Yesbeling. La identidad fue confirmada por su madre, Adelina Espinoza Calero, quien reconoció la ropa de la niña.

Mientras el proceso contra los acusados se desarrolla, movimientos feministas de Nicaragua exigen a las autoridades un mayor compromiso para prevenir los feminicidios, pero también para castigar a los culpables, que en muchos casos no son detenidos o son liberados antes de tiempo, creando un ambiente de impunidad en torno a la violencia contra las mujeres.

“Hay más nivel de saña y odio hacia el cuerpo de la mujer”, afirma Juanita Jiménez, dirigente del Movimiento Autónomo de Mujeres. “Según relatos que hemos recibido, hay amenazas hacia las mujeres de que les van hacer cosas como arrancarle la cabeza”, explica la líder feminista.

En Nicaragua fue aprobada una ley que persigue la violencia machista, conocida como Ley integral contra la violencia hacia las mujeres. El reglamento fue celebrado por el movimiento feminista, por ser una importante herramienta en la lucha de las mujeres para prevenir y castigar los feminicidios.

Sin embargo, fue por órdenes del presidente Daniel Ortega que la ley fue reformada, reduciendo el feminicidio al ámbito de las relaciones de pareja. Además, la reforma obliga a las mujeres víctimas de violencia a someterse a una “mediación”, es decir, negociar con sus victimarios con la Fiscalía como garante.

También obliga a las mujeres a recibir “consejería familiar”, definida como “un proceso a través del cual se escucha, acompaña, orienta o aconseja a una persona, pareja o grupo familiar para que reconozcan las causas de los problemas que les puede estar produciendo cualquier tipo de alteración en las relaciones interpersonales”.

La reforma, afirmó recientemente la organización Católicas por el Derecho a Decidir en una carta pública, pretende “invisibilizar los casos de feminicidios, dejando solamente incluidos como femicidas a las parejas y exparejas o aquel que pretenda algún tipo de relación con la víctima”. Es decir, la ley fue violentamente mutilada, como los cuerpos de las mujeres asesinadas en Nicaragua.

El más reciente informe de Amnistía Internacional alerta que en Nicaragua “los homicidios habían sido más brutales que en años anteriores, y que quienes los perpetraban tendían a actuar en grupos”.

El organismo informó que el año pasado se registraron 55 feminicidios en un país de poco más de seis millones de habitantes.

El tema de las cifras ha generado controversia en esta pequeña nación, dado que la Policía Nacional no actualiza sus estadísticas y que estas pueden ser manipuladas para dar una imagen de seguridad para las mujeres.

Recientemente la primera dama Rosario Murillo dijo que Nicaragua “está en el primer lugar en Centroamérica”, pero por tener las cifras de feminicidios más bajas de la región. Murillo dijo que el país registraba 322 casos entre 2012 y 2016, mucho menos que Guatemala, Honduras o El Salvador, que tienen índices de violencia mucho más altos que Nicaragua.

Las declaraciones de Murillo encendieron la furia de las feministas, que la acusaron de manipuladora. “El Estado quiere invisibilizar esta problemática. Quiere tapar que no es grave y no quiere hacerse cargo de la familia y los huérfanos que deja la violencia machista.

Hay impunidad, permisividad al no perseguir a los feminicidas”, dijo Mayte Ochoa, asesora de políticas públicas de Ipas Centroamérica, un organismo que provee salud sexual y reproductiva a las mujeres.

Ochoa criticó que Murillo –que muy pocas veces se ha referido a la violencia contra las mujeres– se refiriera a los feminicidios como “homicidio de mujeres”, un eufemismo que delata la política oficial de acallar este tipo de crímenes.

Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, las mujeres de Nicaragua marcharán en Managua reclamando justicia para las víctimas de la violencia machista como Yesbeling María Espinoza Calero, la niña de doce años violada, asesinada a machetazos y lanzada al fondo de un pozo. La brutalidad machista, como afirma Amnistía, mata a las mujeres nicaragüenses.

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