Recibe actualizaciones en tiempo real directamente en tu dispositivo, suscríbete ahora.
El exministro de Hacienda, Carlos Cáceres, y el exviceministro, Roberto de Jesús Solórzano, autorizaron reforzar el presupuesto de la Presidencia por $54,170,000 sin base legal, en los dos primeros años de la gestión del expresidente Mauricio Funes, detalla la investigación fiscal por presunta corrupción del primer gobierno del FMLN.
Cáceres realizó los refuerzos presupuestarios a través de 46 acuerdos ejecutivos y Solórzano, encargado del despacho del ministerio, por otros cuatro, que no explicaban el fin del dinero que luego fue a parar a los “Gastos Reservados” de la Presidencia.
De acuerdo con la investigación, los fondos provenían de la Unidad Presupuestaria 10 de Hacienda, denominada “Provisión para atender gastos imprevistos”.
La Fiscalía dice que el objetivo de dar fondos a esa unidad fue para cubrir gastos corrientes y no previstos en las instituciones no financieras del Estado, según lo estableció la Ley de Presupuesto de los años 2009 y 2010.
Sin embargo, la investigación apunta a que en los cinco años, Funes modificó a su antojo los presupuestos anuales con el objetivo de desviar dinero público. En algunas ocasiones la Asamblea Legislativa aprobaba préstamos, pero a los días Francisco Cáceres, el exsecretario privado de la Presidencia, solicitaba dinero a Hacienda y este era transferido a la partida secreta de Casa Presidencial.
Diego Roberto hizo 63 viajes de placer con fondos públicos. Compró autos a sumas elevadas y luego los vendió a menor precio.La investigación de la Fiscalía da cuenta que, entre 2009 y 2010, Francisco Cáceres habría enviado 80 notas a Hacienda con diferentes justificaciones para solicitar el dinero, él mismo indicó “que lo hacía por instrucciones superiores”.
Las peticiones eran dirigidas a Carlos Cáceres o a Solórzano, para que luego estas fueran analizadas por la Dirección General de Presupuesto y así verificar la existencia de la necesidad a cubrir, la cantidad solicitada y la disposición de dinero a emitir.
“En relación a los gastos reservados o gastos operativos, en estos casos siempre llamaban por teléfono al Ministerio de Hacienda de parte de la Presidencia para decirle que iban a realizar una petición de esa naturaleza con la finalidad que la atendiera”, dijo el testigo fiscal, quien también enfatizó que Hacienda no contaba con pruebas para determinar la necesidad expuesta por la administración Funes.
Hasta siete solicitudes de dinero en un mismo día
El exsecretario privado de la Presidencia remitió las primeras cuatro notas solicitando fondos los primeros ocho días que Funes llegó al poder. En estas se supone que solicitó montos variados para diferentes áreas. Por ejemplo, en una carta que envió a Hacienda pidió $1,000,000 para cubrir gastos operativos durante el mes de junio de ese año, y en otra, para actividades relacionadas al traspaso de mando.
Antes de llegar a la Presidencia, Funes vivía con deudas, pero la Fiscalía dice que se apropió de dinero público, con el cual adquirió al menos 14 inmuebles.Las justificaciones para obtener fondos se repitieron: cubrir gastos operativos, gastos de la Secretaría de Comunicaciones, gastos del Organismo de Inteligencia de Estado (OIE) y gastos por Asuntos Estratégicos de Inteligencia.
El 16 de noviembre de 2009, Francisco Cáceres envió hasta siete notas para solicitar fondos, lo que sumó solo en esa ocasión $5,500,000.
De acuerdo con la Fiscalía, el “Informe Presupuestario y Financiero: Gastos Reservados de la Presidencia de la República, periodo 1 de junio de 2009 al 31 de mayo de 2014” estableció que las notas que remitió Francisco Cáceres a Hacienda no especificaban la totalidad de dinero que sería destinado a los gastos reservados, solo se referían a necesidades generales de financiamiento.
“No existen documentos probatorios que cumplan con los requisitos legales y técnicos, que comprueben que dichos gastos correspondían a necesidades prioritarias, pues fueron autorizados por el Ministerio de Hacienda y el Viceministro de Hacienda únicamente con la nota de solicitud suscrita por Francisco Cáceres”, concluyó la Fiscalía respecto a estos acuerdos ejecutivos avalados por Hacienda en los dos primeros años de la gestión Funes, ya que tuvieron que pasar por la Asamblea Legislativa.
Carlos Cáceres, un hombre de confianza de Funes, quien también fue uno de los fundadores del movimiento “Amigos de Mauricio”, que catapultó a la presidencia al hoy imputado prófugo, no forma parte del proceso que la Fiscalía sigue contra 32 personas vinculadas al supuesto desvío de $351 millones del Estado.
La Fiscalía General iniciará la próxima semana los trámites para que 14 propiedades ligadas al expresidente sean confiscadas y pasen al EstadoEntre los montos que la Fiscalía acusa de haber desviado el primer gobierno de izquierda, están $8 millones que habían sido destinados para las emergencias de la tormenta 12-E, que afectó a El Salvador en octubre de 2011.
El pasado lunes, el Fiscal General, Douglas Meléndez, advirtió que el extitular de Hacienda es investigado por haberse negado cinco veces a dar información solicitada para el proceso, y que esta fue obtenida por medio de actividades de inteligencia en las instalaciones del Ministerio de Hacienda, sobre el Bulevar del Ejército.
“En este momento la investigación es abierta, todas estas personas del Ministerio de Hacienda son sujetas a investigación, incluyendo al exministro de Hacienda”, señaló Meléndez en una entrevista televisiva esta semana.
El juez Quinto de Paz de San Salvador, Salomón Landaverde, todavía tiene pendiente resolver la situación jurídica de Funes, sus dos hijos y su actual mujer Ada Mitchell Guzmán, quienes están asilados en Nicaragua por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Elsalvador.com