ENEE desembolsará 1,000 millones de lempiras de subsidio a abonados de bajo consumo
Tegucigalpa, Honduras
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Un sacrificio considerable es el que debe arrastrar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), para cumplir con el plan de subsidio a los abonados que registren un consumo igual o menor a 300 kilovatios-hora.
De acuerdo con las estimaciones oficiales, la entidad estatal desembolsará mil millones de lempiras que serán dirigidos a compensar a un millón 500 mil clientes, el 83 por ciento de la población total de la ENEE.
Hasta ahora, el beneficio sólo llega a 900 mil consumidores de la escala de 75 kilovatios hacia abajo; sin embargo, el mismo será extendido como está concebido en el programa de reforma del sector energético.
El Poder Ejecutivo se ha comprometido a ponerle término a la injusticia cometida en perjuicio del pueblo hondureño, porque -según se ha declarado- “es el momento de refundar el sistema de energía eléctrica”.
El Ministerio de Finanzas ha descartado que el ajuste en el cobro por el consumo de energía eléctrica incida en un desbalance de las finanzas. Es posible aplicar el esquema de subsidio energético, porque las finanzas están en orden, han manifestado funcionaros de la Administración Central.
La explicación es la misma: No es justo trasladarle al pueblo hondureño los costos de la inequidad y de los abusos derivados de la generación y distribución de energía eléctrica.
Directivos de la empresa privada han considerado que la reforma y refundación del sector eléctrico es una “decisión histórica” que hay que llevarla del discurso a la realidad.
De su lado, los desarrolladores de proyectos de energía renovable, han planteado que -dentro de la propuesta de transformación integral del sector- es relevante fijar los criterios por los cuales serán revisados los contratos de generación.
Es sabido que en el país ha existido una negociación amañada de contratos de generación de energía eléctrica que, en muchos casos ha beneficiado a empresas de fachada.
La depuración del rubro energético implica una política de largo plazo que pasa por el fortalecimiento de la competitividad y la revisión de las atribuciones de las entidades de administración, gestión y regulación de energía eléctrica.