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Costa Rica, la Suiza centroamericana como se le ha conocido por sus características especiales, está desangrándose en las calles debido al aumento de los homicidios producto del narcotráfico, que genera el enfrentamiento entre bandas por la disputa de territorios.
La preocupación por el incremento de este tipo de muertes ha encendido las alarmas de las autoridades.
La tasa de homicidios el año anterior colocó a Costa Rica en la lista de países donde las muertes violentas se catalogan como epidemia, al sobrepasar la tasa de 10 por cada cien mil habitantes y llegar a 12,1.
El 2017 cerró con 603 muertes violentas, atribuidas en su mayoría, según el reporte del Organismo de Investigación Judicial, a ajustes de cuentas entre bandas delictivas, vinculadas al narcotráfico.
Y este 2018 no muestra cambios positivos, al contrario. Al 8 de agosto, las cifras de homicidios alcanzaban los 416, de los cuales 131 son considerados por las autoridades judiciales como ligados al ajuste de cuentas o venganza.
Un lugar importante en las cifras de muertes, lo tienen las muertes por discusión o riña, con 73 en lo que va del año, 13 más se dieron repeliendo actividad criminal, y es que no son pocos los casos en que, las personas cansadas del hampa repelen el ataque, y como consecuencia fallece el agresor.
Crece la inseguridad
La inseguridad pasó a un nivel superior esta semana, cuando entre las víctimas destacan dos turistas que fueron asesinadas, lo que generó una reacción conjunta de las autoridades de seguridad y las del sector turismo, una de las principales fuentes de ingreso del país. Y en momentos que el país está sumido en una crisis fiscal, la cual ante la falta de toma de decisiones políticas se agrava, y la economía corre el riesgo de un estancamiento, si se le suma la caída del turismo, el impacto sería enorme.
De allí la necesidad de las acciones conjuntas para garantizar una mayor seguridad en las principales zonas turísticas, sin descuidar el resto del país.
Precisamente ante esos crímenes, el presidente de la República, Carlos Alvarado, anunció que estarán trasladando al año un millón de dólares del presupuesto del Instituto Costarricense de Turismo para reforzar los programas de seguridad turística.
“Estamos tomando medidas para afrontar y revertir esta situación de violencia no solo en materia turística sino también en femicidios y seguridad en general”, aseveró el gobernante a través de sus redes sociales.
Los recursos se tomarán de montos originalmente presupuestados para la promoción del país como destino turístico.
La progresión luctuosa
En el 2010, la cifra de homicidios en el país estaba en 527. Para el 2012, se logró una reducción a 407. Pero a partir de ese año, se inició una escalada que llegó a 578 en el 2016, superando la tasa de 10 homicidios por cada cien mil, según la Comisión Técnica Interinstitucional sobre Estadísticas de Convivencia y Seguridad Ciudadana (COMESCO).
Desde entonces, no se ha logrado reducir la tasa de muertes violentas, al contrario, año con año crece.
En 2014, la tasa de homicidios era de 8,7 por cada 100 mil habitantes. El gobierno entrante en ese momento, encabezado por Luis Guillermo Solís, del Partido Acción Ciudadana, se comprometió a reducirla a 7; sin embargo, al completarse los 4 años de mandato, la tasa cerró en 12. Colocándose el 2017 como el más violento en Costa Rica.
El nuevo gobierno que suma cien días en funciones, recibió el país con la seguridad como uno de sus mayores problemas. Así iniciaron los llamados megas operativos, los cuales consisten en una noche cada cierto tiempo en que todos los cuerpos policiales desarrollan operativos especiales en el país, centrándose en las principales zonas conflictivas. En esas ocasione, suele haber resultados importantes en el decomiso de drogas, armas y detención de personas buscadas por la justicia.
Crímenes violentos y narcotráfico
Según la Comisión Técnica Interinstitucional sobre Estadísticas de Convivencia y Seguridad Ciudadana (COMESCO), los homicidios cometidos por grupos criminales crecieron sustancialmente y son los responsables de casi el 50% de estas muertes.
En el 2010, los homicidios de este tipo representaban el 2,5% de la totalidad, pero para el 2016 llegó a representar el 46%, lo que significa un incremento del 2.000%.
Lo que claramente significa que el crimen organizado es el causante del crecimiento de la violencia en las calles costarricenses, donde las víctimas están mayoritariamente entre los 15 y los 29 años.
Se desprende del informe también, que el incremento del crimen organizado está ligado directamente con el crecimiento de la actividad de narcotráfico en el país.
Para el 2017, según el OIJ, 151 homicidios estuvieron vinculados al narcotráfico, es decir, el 25% de la totalidad, siendo la principal causa el ajuste de cuentas o venganza, y el 68% de los crímenes se cometieron con arma de fuego.
Desplazamiento de los crímenes a zonas alejadas
Como respuesta a las acciones policiales, la delincuencia se desplazó hacia zonas más alejadas del Gran Área Metropolitana, como las zonas de Cartago y San Ramón en Alajuela, con características geográficas similares con grandes extensiones de terrenos dedicados a la agricultura y calles solitarias.
En mayo, recién iniciados los mega operativos, en una calle solitaria en Ochomogo de Cartago, aparecieron los cuerpos de dos hombres, con sus cabezas envueltas con bolsas plásticas y uno de ellos con sus manos atadas.
Ambos ultimados con un disparo de arma de fuego. Las víctimas eran oriundas de Quepos, al otro extremo del país, el taxista informal de 29 años, de apellido Barboza y otro hombre de apellido Cerdas, de 47 años.
Situaciones similares de hallazgo de cuerpos asesinados también se presentaron en zonas fuera del Gran Área Metropolitana y las autoridades lo relacionaron precisamente con el desplazamiento de las bandas a zonas donde no se estuvieran realizando los mega operativos.
Crímenes más violentos
Los homicidios vinculados a los grupos de crimen organizado han ido creciendo no solo en número, sino en el grado de violencia: los cuerpos se encuentran con señales de haber sido torturados.
El más representativo de este aumento en el ensañamiento, se registró el 28 de abril de este año. La víctima, un colombiano, quien en apariencia fue secuestrado y al no pagarse el rescate, fue mutilado y decapitado. Su cuerpo fue dejado en la orilla de la calle y un peatón lo descubrió al pasar por ahí a primeras horas de la mañana.
Trascendió que la víctima de 42 años no tenía antecedentes judiciales, pero si familiares aparentemente vinculados con tráfico internacional de drogas relacionado con una organización mexicana.
Así como el asesinato de tres hombres, aparentemente por un “tumbonazo” de droga.
Los hechos se presentaron el 31 de enero de este año, en la comunidad de San Jerónimo, una comunidad entre Desamparados y Paso Ancho.
Según el reporte policial, en el lugar aparentemente se preparaba droga, porque encontraron bicarbonato de sodio y otros elementos utilizados para elaboración de crack, pero ya no estaba el producto final.
Los vecinos alertaron a las autoridades sobre una fiesta a altas horas de la noche en esa vivienda, y tiempo después sobre la lluvia de balas.
Al llegar las autoridades encontraron los cuerpos de tres hombres de apellidos Flores, Rodríguez y Baldizón, todos con antecedentes por tráfico de drogas y el primero también por homicidio. Los cuerpos presentaban impactos de bala en el tórax, la espalda y la cabeza
Medidas para intentar detener la ola
Uno de los planteamientos hechos por el ministro de Seguridad Michael Soto a los diputados fue la necesidad de bloquear la señal celular en las inmediaciones de los centros penitenciarios, dado que se ha comprobado que muchos grupos criminales continúan operando desde las cárceles costarricenses.
Su llamado fue atendido por el Congreso costarricense que hace una semana aprobó la ley que permite realizar el bloqueo a la señal celular en los centros penitenciarios.
Sin embargo, no se ha implementado aún, ya que requiere un trabajo coordinado con las empresas telefónicas para garantizar que no se vean afectadas las comunidades aledañas a estos lugares.
El jerarca de Seguridad también planteó qué con la construcción de once nuevas delegaciones policiales, que representó una inversión de $21 millones, se beneficiarán 785 mil personas, al contar con recurso policial más cercano. También solicitó nueva legislación para regulara el uso de motocicletas, ya que la mayoría de los asesinatos a sueldo se producen utilizando este tipo de vehículos.
Fuente: Infobae